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El Congreso ha realizado un seguimiento a la implementación delacuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc en el año 2016, han participado en total más de 40 congresistas en dichas labores, que incluyen visitas a los territorios y acaban de presentar un informe sobre lo que han encontrado frente a la implementación.
En primer lugar señalan que uno de los principales desafíos tiene que ver con la seguridad en los municipios PDET, los más afectados por el conflicto y en municipios PNIS, donde se están llevando a cabo los planes de sustitución de cultivos.
"Los excombatientes y líderes sociales siguen en riesgo. Desde la firma del Acuerdo, 2022 fue el año con mayor número de líderes y de defensores de DDHH asesinados. En los primeros siete meses de 2023 se presentaron 28 excombatientes asesinados; de ellos, el 43 % se encontraban en municipios PDET (12 excombatientes) y el 21,4 % en municipios PNIS (seis excombatientes)", señala el informe.
Frente a la reforma rural integral explican que ha sido una prioridad para este Gobierno, sin embargo, también explican que desde que empezó la implementación solo el 0,88 % de lo que ha ingresado al Fondo de Tierras ha sido distribuido.
"Si bien hay una apuesta por acelerar el ritmo de la distribución, sigue existiendo una brecha importante en la tierra efectivamente entregada a campesinos y preocupa la falta de priorización en los territorios más afectados por el conflicto (3,15 % del total del área entregada). La formalización de tierras se ha acelerado, pero existen dudas sobre las cifras presentadas", explican los congresistas.
Frente a la apertura de la democracia el informe señala que aún las garantías de seguridad para el ejercicio político ha sido deficiente, por ejemplo, no hay respuesta efectiva a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y pocos Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia funcionan bien.
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El proceso de reincorporación de los firmantes del acuerdo aún enfrenta desafíos, pues, aunque el 82,5 % de los excombatientes cuentan con un proyecto productivo desembolsado se debe evaluar también la sostenibilidad de los mismos.
"Las visitas a los territorios revelan que muchos de estos proyectos están al borde de la quiebra o no representan, en la práctica, una generación de ingresos para los reincorporados. De acuerdo con los firmantes, las dificultades para acceder a la tierra son el principal obstáculo para la sostenibilidad de los proyectos, para lo cual el Gobierno nacional, en respuesta, ha adquirido 994,27 hectáreas para la compra de predios que benefician la habitabilidad y los proyectos productivos de personas en proceso de reincorporación", señala el informe.
Hay un grave incumplimiento del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, sobre todo para las familias que están en Parques Nacionales Naturales, la preocupación llega también por la disminución de la erradicación durante el actual Gobierno y los congresistas advierten, además, que el Gobierno no cumplirá su meta de incautaciones de clorhidrato de cocaína.
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En cuanto a las víctimas la indemnización sigue avanzando lentamente, pues al ritmo que va, el Estado se demoraría al menos 60 años en reparar a todas las personas afectadas por el conflicto, pero, por otro lado, advierten que la ruta de reparación colectiva se ha estancado.
"Las medidas de reparación enfrentan obstáculos determinantes. Por un lado, el proceso de restitución de tierras enfrenta barreras relacionadas con: 1) Las condiciones de seguridad en los territorios (el 17% de las solicitudes de inclusión al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) están en zonas no-microfocalizadas); 2) La no-inclusión masiva de solicitudes en el RTDAF por razones poco claras (aproximadamente el 63% de las solicitudes con decisión de fondo son rechazadas); y 3) Los rezagos en la toma de decisión por parte de los jueces (han tomado decisiones sobre menos de la mitad de las solicitudes presentadas)", explica el documento.
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