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El documento de la Procuraduría que analiza el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2024, revela los progresos y dificultades que enfrenta Colombia para dar cumplimiento a la Convención de Ottawa, teniendo en cuenta el recrudecimiento del conflicto armado en los últimos tres años.
Según el Ministerio Público, el país enfrenta dificultades para lograr un territorio libre de minas antipersonal, ya que los municipios con seguridad relativamente estable ya han sido desminados casi en su totalidad.
Las zonas pendientes, aproximadamente el 10 % de los municipios del país, coinciden con las áreas de emergencia humanitaria recurrente identificadas por la Defensoría del Pueblo y mencionadas en el Auto 894 de 2022 y son regiones con presencia de cultivos ilícitos y extracción ilegal de oro.
“El conflicto armado se ha intensificado desde 2016 tras el Acuerdo de Paz y en los que los ceses al fuego en el marco de la política de paz total han facilitado el accionar en estas zonas de estructuras criminales que usan artefactos explosivos para ejercer control territorial”, dice la Procuraduría.
Incluso, es imprescindible que el Estado continúe y multiplique sus esfuerzos para cumplir con los compromisos adquiridos con la Convención de Ottawa, además, Colombia ya ha presentado 2 solicitudes de extensión a la Convención, una al vencer el primer plazo de 10 años en 2011 y otra en 2021 que le fue concedida hasta 2025.
En este momento se encuentra preparando la tercera solicitud para el período 2025-2030 porque a pesar de haber cumplido con la destrucción de arsenales, renunciado a la producción de MAP y haber desminado las bases militares protegidas con este tipo de AE, el país no ha podido cumplir con el Artículo 5 debido al uso indiscriminado de MAP de carácter improvisado por parte de los GAOML y a dificultades adicionales propias de la geografía y el clima, así como a las complejas condiciones de conectividad y a ciertas regiones.
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“La extracción ilegal de oro en las que se ha recrudecido el conflicto armado desde el 2016 luego de la firma del Acuerdo de Paz, especialmente desde que el Gobierno propuso la política de paz total y dio apertura a diálogos de paz con los principales GAOML suspendiendo operaciones ofensivas por parte de las fuerzas armadas del Estado Colombiano en algunas regiones, lo que facilitó el accionar de esas estructuras criminales que se apoyan en el uso de AE como estrategia de control territorial”, dice el Ministerio Público.
Por esta razón, la Procuraduría como miembro de la Comisión, ha identificado barreras en el marco de la ruta de atención y asistencia integral a víctimas de minas, especialmente en la etapa de atención urgente, toda vez que los accidentes ocurren en zonas de difícil y se presentan dificultades de coordinación para la evacuación de las víctimas, su traslado a centros de salud de primer nivel y posteriormente en el seguimiento a las condiciones de salud y procesos de rehabilitación cuando las víctimas han adquirido alguna discapacidad.
Además, enfatizan en que las víctimas de las minas antipersonales enfrentan dificultades en materia de a educación, ofertas para la reintegración social y económica, a vivienda, indemnización y restablecimiento de derechos.
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Finalmente, urge desarrollar y formalizar la ruta de atención y asistencia integral a víctimas, para lo cual la Comisión insiste en que se elabore un estándar nacional de Atención y Asistencia a víctimas donde se coordinen acciones de las entidades responsables en materia de salud y reparación integral.
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