La Procuraduría General de La Nación le envió una carta al Ministerio de Educación Nacional y a la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) donde revela que está en grave riesgo de que sea suspendido en por lo menos 12 entidades territoriales el Plan de Alimentación Escolar (PAE), todo por culpa de la supuesta falta de presupuesto.
En esa carta el Ministerio Público, con gran preocupación dice que en los municipios de Villavicencio, Montería, Sincelejo, Uribía, Pitalito y Neiva; y departamentos de Caquetá, Cauca, Guaviare, Norte de Santander y Boyacá, los altos costos de los artículos de la canasta familiar los tienen en riesgo de seguir adelante con el PAE.
Entre los casos más alarmantes se encuentra el municipio de Pitalito, en el departamento del Huila, que tendrían que suspender el programa en los meses de julio y agosto. Lo realmente alarmante de esta situación, es que algunas entidades se han planteado la posibilidad de disminuir la cobertura, situación que desvirtúa el objetivo del programa.
Ningún niño en el país, que esté cobijado bajo el Plan de Alimentación Escolar, debería dejar de recibir alimentos, pero es tan difícil y grave esta situación, que lo que está advirtiendo la Procuraduría es que de ser suspendido el servicio, 808.453 niños, niñas y jóvenes de estos territorios dejarán de recibir comida.
Ante la situación, el ente de control solicitó, tanto al Ministerio de Educación como a la UApA, adelantar las estrategias que sean necesarias para atender la dramática situación manifestada y evitar que se vean afectados los derechos constitucionales de y permanencia a la educación de más de 800.000 niños y jóvenes en el país.
Estos hechos, que revela la Procuraduría, donde está en riesgo la alimentación y la educación de los más pequeños del país, demuestra la gravedad de la situación en la que se encuentra el PAE; recordemos un par de escalofriantes casos donde, a través de los proveedores, les han suministrado a niños en Antioquia y Santander carne de burro y caballo, donde incluso la Defensoría del Pueblo reveló hace unos meses que hubo contaminación en los alimentos y han sido recibidos en mal estado.
Por esta razón, la Procuraduría continúa con la lupa puesta para conocer quiénes son los artífices de que la comida para los niños de no llegue en buen estado y para que todo el peso de la ley recaiga sobre quienes obstaculizan y violan con estos hechos, los derechos de los niños.
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