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La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia señaló que la fuerza pública sería responsable en la muerte de 28 personas, durante las protestas ocurridas en 2021.
El organismo presentó un documento que aborda la situación de derechos humanos en el marco del Paro Nacional que tuvo lugar en Colombia desde el 28 de abril al 31 de julio 2021.
“De la información recopilada y analizada por la Oficina, existen motivos razonables para afirmar que, de los 46 casos verificados, en 28 casos los presuntos perpetradores habrían sido de la fuerza pública, y que, en al menos 10 de estos casos podrían estar vinculados del ESMAD. En dos de los 28 casos, el presunto perpetrador habría sido un funcionario del CTI actuando por fuera de sus funciones. De los 17 casos restantes verificados, en 10 casos los presuntos perpetradores habrían sido actores no estatales, mientras que en ocho casos la Oficina no obtuvo información suficiente para identificar al presunto perpetrador”, dice el documento.
Además agrega: “La Oficina documentó casos de uso de armas letales por parte de la policía contra manifestantes pacíficos y transeúntes que no estaban participando de las protestas. El análisis de videos realizado por la Oficina confirmó, por ejemplo, que el 3 de mayo policías patrullaron en Siloé (Cali) armados con fusiles y habrían apuntado a manifestantes. Otros casos se detallan en la sección de Derecho a la Vida”.
Entre las violaciones documentadas por la Oficina se encuentran el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, que resultó en las privaciones arbitrarias de la vida, las violaciones a la integridad y seguridad personal, así como las detenciones arbitrarias, la violencia sexual.
La Oficina identificó un conjunto de situaciones, acciones y/u omisiones de agentes del Estado, en particular integrantes de la fuerza pública en el transcurso de la protesta, "incompatibles con el derecho de reunión pacífica y otros derechos humanos”.
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De la información recopilada y analizada por la Oficina, hay “razones fundadas para sostener que se habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos, tales como privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza; detenciones arbitrarias; violencia sexual y de género; y actos de discriminación y racismo".
Dentro de la observación realizada por la Oficina se encontraron casos en los que las víctimas eran indígenas y afrodescendientes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
La Oficina concluye que, a futuro, el Estado de Colombia deberá mostrar una moderación al recurrir a la dispersión y el uso de la fuerza, conforme a los estándares internacionales.
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Entre sus recomendaciones principales, la Oficina insta a todas las instituciones del Estado, incluyendo las fuerzas de seguridad, a que apliquen efectivamente los estándares internacionales relacionados con el derecho de reunión pacífica, y adopten medidas para crear un entorno favorable para el ejercicio de este derecho, incluyendo: la prevención de ataques provenientes de terceros.
La Oficina también recibió información de capturas colectivas que fueron posteriormente declaradas ilegales por autoridades judiciales. Un ejemplo fue el de la detención de once hombres jóvenes realizada el 29 de mayo en Cúcuta y Soacha. Los jóvenes fueron liberados por orden judicial y se compulsaron copias para que los oficiales de policía encargados del procedimiento fueran investigados.
En Cali, la Oficina documentó casos en que las personas manifestantes habrían sido retenidas por personas vestidas de civil sin identificación, y obligadas a auto incriminarse después de recibir golpes y amenazas de muerte y de desaparición. Así fue el caso de Álvaro Herrera Melo, un joven de 25 años que, al estar grabando con su celular como un grupo de civiles disparaban en contra de unos manifestantes, fue retenido y golpeado por éstos para después ser entregado a dos policías. El joven habría sido golpeado, insultado y amenazado dentro de la estación de policía y obligado a grabar un video presentándose como un “vándalo”. La Fiscalía General de la Nación determinó que su captura había sido ilegal y el Instituto de Medicina Legal le otorgó 15 días de incapacidad por la gravedad de las lesiones.
La Oficina también conoció el caso de 11 hombres jóvenes capturados supuestamente en flagrancia el 28 de mayo en Cúcuta, quienes habrían sido trasladados por personas vestidas de civil y en vehículos particulares a los centros de detención. Los jóvenes fueron liberados en una instancia judicial, porque no se logró determinar si realmente los agentes captores eran policías y debido a que las capturas habrían ocurrido posteriormente y en un lugar distinto al que se presentaron actos vandálicos.
En Mañanas BLU, fue entrevistada Juliette de Rivero, representante de ONU derechos humanos en Colombia, quien expresó que la cifra de 28 muertes bajo la responsabilidad de las autoridades, de las 46 documentadas, fueron analizadas por diferentes fuentes de video, versiones de los testigos, investigaciones de los entes responsables, como Medicina legal y la Fiscalía.
De igual forma, la representante de la ONU aclaró que fueron más de 600 entrevistas para poder dar claridad al informe presentado en el que se responsabiliza a la fuerza pública de estas casi 3 decenas de muertes.
"Hubo uso desproporcionado y uso innecesario de la fuerza", explicó la representante De Rivero al aire, por lo que se solicita que se haga una revisión e indagación de los responsables de dichos casos de violencia.
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"Para nosotros lo que es importante es que el Gobierno declaró cero tolerancia hacia este tipo de abusos y que han iniciado investigaciones en muchos de estos casos, entonces también le estamos dando seguimiento a esas investigaciones y es muy importante para restaurar la confianza en la Policía que esas investigaciones continúen y se puedan enjuiciar realmente a los responsables de esos abusos", declaró al representante.
Ante las cifras, 28 muertes serían responsabilidad de la fuerza pública, 10 a manos de personas vestidas de civil, mientras que las ocho restantes, no se habrían identificado los responsables. Además, se están investigando cuatro casos más.
También expresó que hay una contraparte a los actos violentos presentados en las protestas enmarcadas en el Paro Nacional que inició el 28 de mayo de 2021. De parte de los manifestantes también se presentaron situaciones de violencia, sin embargo, la representante solicita que se individualice a estos actores, ya que no representan la esencia de las movilizaciones.
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Pero es este punto el que ha causado cierta reacción ante el informe, pues sobre la mesa de Mañanas BLU quedó la posibilidad que se podría tratar de la declaración de una sola parte del Paro.
Escuche las declaraciones de la representante de ONU derechos humanos en Colombia en Mañanas BLU:
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