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El nuevo presidente de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, presentó ante la Fiscalía General de la Nación cerca de 14 denuncias por presuntas irregularidades en la compra de tierras durante la istración del anterior director de la agencia, Gerardo Vega.
"No me gusta que estemos comprando, por ejemplo, tierra improductiva, que exista trazabilidad de que era tierra improductiva y que, sin embargo, se materializaron esas compras. Eso nos pasó particularmente en tres predios. Nos pasó en un predio que se llama Cachorros, en Puerto Gaitán, Meta, nos pasó en un predio que se llama Santa Fe, en Majahual, que existían las condiciones, la tras habilidad de que evidentemente eran predios improductivos y en su momento fueron adquiridos por la agencia", señaló Harman.
Según Harman las valoraciones económicas que se hicieron de esas fincas al interior de la agencia dieron cifras negativas y jamás debieron comprarse.
Vega salió del gobierno en medio de sus diferencias con la ministra de Agricultura, Jenifer Mojica, a quien acusó de frenar con burocracia el avance de la reforma agraria.
El plan de la ANT para este año es comprar unas mil grandes haciendas y gestionar nuevos procesos de baldíos para lograr un total de 500.000 nuevas hectáreas.
El proceso de compra masiva de tierras a la Sociedad de Activos Especiales está avanzando y vendrán nuevas jornadas de entregas de títulos. Sin embargo, el sector está también pendiente de la firma de unos 8 decretos que están en borrador para meterle el acelerador a los procesos que lidera la agencia.
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"Nosotros hemos venido estructurando que todo lo que tiene que ver con reglamentaciones estrictas del plan de desarrollo las podamos avanzar, independientemente de la situación jurídica del plan", explicó Harman.
La Corte Constitucional estudia una docena de demandas contra los artículos del Plan Nacional de Desarrollo directamente relacionados con la reforma agraria.
El paquete incluye por la compra de tierras al fondo de reparación de los paramilitares, la agilización de entregas de tierras a víctimas del conflicto armado, y los procesos istrativos de extinción de dominio, entre otros.
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La meta oficial del Gobierno es comprar cerca de 1.5 millones de hectáreas de tierra para campesinos antes de 2026.
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