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LaAsociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, ve con preocupación la apertura de investigación disciplinaria a los alcaldes de Ibagué, Cali, Riohacha, Valledupar y a la alcaldesa de Bogotá, por parte de la Procuraduría General de la Nación, por una posible omisión frente a la atención que se debe brindar a las personas privadas de la libertad que se encuentran en las estaciones de Policía y unidades de reacción inmediata (URI).
Los alcaldes de las capitales colombianas son conscientes de sus responsabilidades ante esta situación, por lo que radicaron, de la mano de la Defensoría del Pueblo y de la bancada de cárceles, un proyecto de ley en el Congreso de la República que ofrece salidas al hacinamiento.
“Respetuosamente solicitamos a la Procuraduría revisar el alcance de la sentencia SU 122 de 2022, la cual involucra además de los municipios, a la Nación y departamentos en la búsqueda de nuevos cupos y financiación para la mejora y adecuación de la infraestructura carcelaria existente”, dice el comunicado.
También señala que, a pesar de que existen ciudades capitales con recursos para la construcción de cárceles, no han contado con el aval o permisos por parte del Gobierno nacional para avanzar con dichos proyectos.
Desde Asocapitales invitan a las autoridades competentes a que los ayuden especialmente al Gobierno Nacional, al INPEC y a todas las entidades territoriales y a que respondan también en este proceso y reiteran que, sin el aporte de todas las partes involucradas, “no será posible hace hacerlo”.
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