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El Ministerio del Trabajo podría imponer sanciones severas a las compañías que estén promoviendo pactos colectivos con sesgo antisindicatos si la reforma laboral fracasa en el Congreso de la República y si no prospera la demanda que está estudiando la Corte Constitucional.
La reforma laboral busca prohibir definitivamente los pactos colectivos.
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Un pacto colectivo es una negociación entre una compañía y sus trabajadores en la que no existe la intermediación de un sindicato y hoy es legal hacerlos o promoverlos.
Además de la reforma laboral hay una demanda ante la Corte Constitucional con el mismo propósito. La demanda fue presentada, entre otros, por el viceminsitro de Trabajo, Edwin Palma, y la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal.
"Si no pasa la reforma, si no pasa la demanda, pues nos ceñiremos a la duda circular que se señala unos indicios cuando hay discriminación: pactos colectivos que tengan fines antisindicales, que no se negocien como dice el Código Sustantivo del Trabajo en su parte segunda, que tengan fines de acabar un sindicato, de debilitar un sindicato, de impedirlo los sindicatos, serán sancionados hasta con 5.000 salarios mínimos", dijo el viceministro Edwin Palma en un evento sobre derecho laboral.
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Según Palma, la instrucción a los inspectores de trabajo es que no aplica el tope de sanciones de 100 salarios mínimos para ese tipo de conducta, sino que las sanciones deben ser las más altas posibles.
En Colombia hay 340 pactos colectivos registrados, de los cuales el ministerio tiene identificados a 74 con la sospecha de que son usados como una herramienta en contra de los sindicatos.
La campaña contra los pactos colectivos ya comenzó y en las últimas semanas se han anunciado sanciones contra dos empresas. Una de ellas Alpina, cuyo sindicato dijo haberse visto directamente afectado por la firma del pacto colectivo.
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En las últimas semanas el Gobierno ha estado tratando de avanzar en agenda de reformas fuera del Congreso en medio de la parálisis de sus proyectos en el legislativo. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro dio la orden de arrancar a implementar la reforma a la salud en las EPS que su Gobierno controla (como las de capital público y las intervenidas), anunció un decreto para iniciar el aumento de los subsidios a adultos mayores mientras avanza el debate de reforma pensional y, a través de Fenoge, está acelerando la creación de empresas comunitarias de servicios públicos que es uno de los objetivos de su reforma a los servicios públicos.
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