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Luego de las declaraciones en las que Olmedo López acusó al Gobierno Petro de contratar, a través de la UNGRD, con el ELN, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, respondió enfáticamente que la acusación es falsa y que el Estado no está financiando a este grupo armado ilegal.
“De manera que no hay desde el Gobierno ninguna disposición, ni intención, ni instrucción relacionada con financiamiento de ningún grupo armado ilegal”, indicó el ministro de Defensa rodeado de toda la cúpula militar.
Lo que ha dicho Olmedo Lópezsobre una intención que se tendría para celebrar convenios o contratos con partes interesadas desde ese grupo ilegal, destacó el ministro, es una acción, en el evento que hubiera ocurrido, sin instrucción ni participación del Gobierno; sin embargo, añadió que tiene que ser, en todo caso, objeto de demostración.
“Además, en general, con todo lo ocurrido en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en la respuesta pronta, mientras más rápida, mucho mejor para el país, de parte de la Fiscalía General de la Nación”, solicitó el ministro de Defensa a la Fiscalía.
La semana pasa, Noticias Caracol publicó una declaración que el exdirector de la UNGRD dio a investigadores de la Corte Suprema de Justicia, a quienes dijo: "Esto es un entramado que recoge desde ministros hasta contratistas, pero en el medio hay otros funcionarios (...) y toca a un actor que tiene una capacidad militar muy fuerte (en referencia a la guerrilla del ELN)".
El exfuncionario involucró ante la Corte al ministro de Hacienda al hablar de la "entrega de contratos" para lograr que las comisiones del Congreso le aprobaran proyectos, como adiciones presupuestales.
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También aseguró que Bonilla, tras reunirse con López, aumentó el presupuesto de la UNGRD en 2023.
López también manifestó que María Alejandra Benavides, asesora de Bonilla, plasmó en un documento que elaboró con una congresista los nombres de los "colegas (senadores y representantes a la Cámara) que se beneficiarían con contratos cercanos a 92.000 millones de pesos, cifra que ya había compartido el ministro".
El escándalo en la UNGRD comenzó cuando medios locales revelaron la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.
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A eso se suma la revelación de que dinero de esa entidad fue utilizado para pagar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y la Cámara de Representantes, Andrés Calle (Partido Liberal) a cambio del apoyo en el Congreso para las reformas sociales del presidente Gustavo Petro
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