En medio de la conmoción por el atentado contra el precandidato y senador, Miguel Uribe, todos los sectores políticos le están exigiendo al Gobierno que refuerce la seguridad para los candidatos. El problema es que la Unidad Nacional de Protección ya se gastó prácticamente todo el presupuesto de 2025, aún está pagando cuentas pendientes del 2024 y el gobierno atraviesa una aguda crisis fiscal que hará retador conseguir recursos adicionales.
De una asignación total de 2.6 billones de pesos, la UNP solamente tiene disponible para comprometer en el resto del año unos 214.000 millones de pesos, es decir, el 8.1% de su presupuesto, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Hacienda con corte al 30 de abril.
En concreto estamos hablando de:
-99.181 millones disponibles para apoyo en reubicación temporal de personas protegidas (trasteos y transporte).
-65.228 millones de pesos para adquisición de bienes y servicios.
-32.453 millones para gastos de comercialización y producción.
Sin embargo, aunque esos recursos aparecen presupuestalmente disponibles no necesariamente están en las cuentas de la entidad porque la UNP, como muchas otras entidades del Gobierno, está pagando una enorme cantidad de cuentas que quedaron pendientes del año pasado. Al cierre del año pasado quedaron compromisos sin pagar por 319.000 millones de pesos y todavía en abril había un saldo sin pagar por unos 94.000 millones de pesos.
La UNP es una de las entidades del gobierno a las que mejor les ha ido en medio crisis fiscal que atraviesa el gobierno. Su presupuesto para este año es 13% más alto que el del año pasado y solo tiene bloqueados 31.000 millones de pesos por el congelamiento de presupuestos.
Sin embargo, la gran expectativa de la semana es el anuncio de nuevos recortes por parte del Gobierno nacional. Aunque el Gobierno está estudiando volarse la regla fiscal y activar una cláusula de escape, aún se esperan recortes adicionales al presupuesto de este año, que ya tiene 12 billones en el congelador.
El Gobierno revelará este viernes el marco fiscal de mediano plazo con las proyecciones oficiales en materia de finanzas públicas para la próxima década, una información clave no solo para la seguridad de los aspirantes a la presidencia, sino para sus planes de campaña.