En los últimos cinco años, desde la firma del acuerdo de paz, el país ha experimentado un inusitado crecimiento de asesinatos de defensores de derechos humanos a manos de disidencias o de otras estructuras armadas ilegales relacionadas con el narcotráfico, según HRW.
El informe de la ONG se basa en datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que dan cuenta de que los asesinatos pasaron de 41 en 2015 a 108 en 2019.
La oficina ha documentado 53 casos ocurridos en 2020 hasta el momento, y sigue trabajando en la verificación de otros 80 casos. Al menos 49 defensoras de derechos humanos han sido asesinadas desde 2016
señala el informe de HRW.
Justo por eso es que el organismo internacional hace duras críticas al gobierno del presidente Iván Duque al que señala de no haber hecho lo suficiente para investigar e imponer los castigos que correspondan a los responsables de estos crímenes.
“El Gobierno ha desplegado militares en muchas zonas del país, pero no ha logrado fortalecer el sistema de justicia, mejorar la protección de la población ni asegurar un adecuado a oportunidades económicas, educativas y a servicios públicos”, asegura la ONG que, además, dice que hay fallas en la Unidad Nacional de Protección para brindar seguridad efectiva a los líderes amenazados.
Human Rights Watchreclama que el Gobierno tampoco ha implementado el plan de protección integral establecido desde el 2018 por el Ministerio del Interior, plan cuyos cuatro pilotos de implementación apenas empezaron.
Sin embargo, destacó los esfuerzos de la Fiscalía para judicializar a los responsables de estos homicidios, por las 59 condenas contra los asesinos de defensores de derechos humanos, pero que, no obstante, “hacen falta esfuerzos mucho más serios para enjuiciar a quienes hayan ordenado estos crímenes”.
Otra parte de la responsabilidad la tiene las autoridades nacionales, departamentales y municipales en muchas ocasiones no han respondido a las numerosas alertas tempranas que ha emitido laDefensoría del Pueblo.
Sobre los móviles detrás del asesinato de defensores de derechos humanos en Colombia, la ONG documentó los casos en seis regiones del país, entre ellos Cauca y Nariño, en donde los responsables de estos crímenes son disidencias de las Farc y otros grupos armados que se disputan el control territorial y el predominio en el negocio del narcotráfico.
En el Norte del Cauca, las disidencias han asesinado a numerosos defensores de derechos humanos de las comunidades indígenas Nasa que se oponen a la presencia de los grupos armados y al tráfico de drogas en sus territorios (…). En Tumaco, los grupos armados han asesinado a defensores de derechos humanos por supuestamente colaborar con el Ejército o desobedecer las 'órdenes’ de los grupos
Dice el informe
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