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A pocos días de la salida de la directora de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica, Martha Lucía Zamora Ávila, la funcionaría dio a conocer en su cuenta de X que le solicitó al presidente Gustavo Petro salir de su cargo a partir del 18 de diciembre una vez se realice la audiencia del galeón San José que está programada para este 14 y 15 diciembre.
El 18 de diciembre de 2022 la empresa Sea Search Armada, compañía estadounidense de cazatesoros, presentó una demanda contra Colombia por 10 billones de dólares; lo que equivale a un 50 % del hallazgo hecho por esta corporación en el año de 1982 de los restos del galeón San José, una embarcación española que se hundió en el caribe colombiano en 1708.
La defensa de Sea Search Armada argumenta que en el año de 1982 adquirieron los derechos de unas empresas de Islas Caimán y que obtuvieron la autorización de la Dirección General Marítima y Portuaria (“DIMAR”) para ir en busca del “tesoro”.
Además, dice Sea Search Armada que Colombia no respetó un acuerdo de “Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos” conocido como el Tratado de Libre Comercio TLC de 2012.
El 22 de julio de 2023, la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica, en representación de Colombia, presentó un memorial de objeciones, cuestionando la competencia del Tribunal Arbitral para pronunciarse sobre esta disputa.
También la defensa de Colombia argumenta que los incumplimientos de dicho “acuerdo” fueron por parte de la empresa cazatesoros y las conductas que supuestamente se vulneraron fueron antes del TLC de 2012, por lo cual no los protege.
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Otro de los argumentos del equipo de abogados de Colombia es que “El hallazgo reportado en 1982 no se encontraba ningún naufragio” por lo que el hallazgo de peso fue el del año 2015 en el Gobierno de Juan Manuel Santos. Desde hace 8 años la ubicación del galeón es reservada.
El próximo 14 y 15 de diciembre en Bogotá, Colombia, será representada de manera directa por la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica. Por su parte, Sea Search Armada, LLC, estará representada por la firma de abogados Gibson, Dun & Crutcher LLP.
La agencia expresó en las últimas horas que con las objeciones que presentaron el pasado 22 de julio de 2023 buscan “impedir que el proceso avance y así evitar destinar más recursos públicos a la defensa del Estado en este caso”. El procedimiento es istrado por la Corte Permanente de Arbitraje (A).
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