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El comité de empalme de la implementación del acuerdo de paz, liderado por David Flores, presentó un informe sobre el análisis que hacen de los avances que tuvo este tema durante los últimos cuatro años, asimismo, presentan algunas propuestas para que tanto el Gobierno como el Congreso puedan avanzar hacia la paz total propuesta por el presidente electo, Gustavo Petro.
En principio criticaron el concepto de paz con legalidad, que fue el nombre que le dio el presidente Iván Duque a su proceso de implementación: "Consistió en buena medida en simular la implementación del acuerdo mediante la creación de instancias, mecanismos y programas, no solo paralelos, sino contrarios a lo mandatado tanto en el acuerdo como en el marco legal existente que lo desarrolla", se lee en el informe.
Asimismo, señalan que Duque deformó las instituciones que están relacionadas o tienen objetivos enfocados en la paz, como la oficina del Alto Comisionado para la Paz y que los recursos para la implementación fueron mal utilizados.
"Se encontraron graves indicios de distintas formas de corrupción, gastos que, aunque formalmente fueron registrados como implementación del acuerdo de paz, no tenían ninguna relación con este. Existe un grave retraso y una enorme fragmentación en la implementación del Acuerdo Final de Paz", dice el documento.
Ante esto, el comité de empalme hace algunas recomendaciones al presidente electo, Gustavo Petro, para garantizar la paz total. En primer lugar, se debe entender el concepto de paz como un acuerdo, por lo que se deben ampliar las mayorías políticas que respalden una implementación integral. Es importante además retomar diálogos de paz con la guerrilla del ELN y que las instituciones del Estado se articulen para buscar frenar la violencia en los territorios.
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"Será necesario un inmenso e inmediato plan de emergencia, para que el Estado, la sociedad y la comunidad internacional se articulen para garantizar la protección y seguridad, asegurar nuevos recursos para la paz, así como dispositivos que eleven el control ciudadano a la asignación y ejecución de los recursos de la paz, articular y mejorar la gobernanza de los fondos para la paz", dicen.
Se debe además diseñar un proceso de sometimiento para organizaciones multicrimen, que permita realizar sometimientos colectivos garantizando verdad y derechos de las víctimas, el apoyo internacional a todos los diálogos e implementación de la paz, también se deben mantener, según el informe.
Pero para este comité también es importante que desde el Congreso se impulsen leyes que ayuden a garantizar la paz y los diálogos con los diferentes grupos armados. Lo más urgente es modificar la política de seguridad.
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"Un plan de emergencia de protección y seguridad para las personas que ejercen liderazgo social, defensores(as) de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y comunidades afectadas por la actual agudización de la crisis humanitaria", puntualizan.
En el mismo sentido, proponen que por medio de una ley se pueda crear el Ministerio de la Paz y que por medio de otras leyes se garantice la asignación de más recursos para la paz. Por otro lado, se debe incentivar y garantizar la protesta y el diálogo con los diferentes sectores sociales.
"El propósito general de este cuatrienio es lograr una paz completa y un buen vivir para las poblaciones urbanas y rurales de nuestro país. Esto supone eliminar los factores generadores de violencia en los territorios, especialmente en su expresión armada, así como desarrollar condiciones para alcanzar la justicia social y territorial", finalizan.
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