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Recientemente la Sala de Reconocimiento de la JEP imputó a 10 exmilitares por su responsabilidad en 46 casos de falsos positivos en Dabeiba, Antioquia, que se presentaron entre 1997 y 2005.
En la lista aparecen tres coroneles, tres mayores y tres suboficiales, así como un soldado profesional; 8 de ellos reconocieron su responsabilidad ante las víctimas y públicamente.
Ante esta situación la JEP emitió su resolución de conclusiones en el caso Dabeiba, es un documento en el que los magistrados consideran que estas 8 personas pueden acceder a una sanción propia, para reparar a las víctimas, teniendo en cuenta que hicieron un amplio aporte a la verdad y reconocieron los hechos.
Blu Radio conoció en primicia la resolución de conclusiones de 197 páginas, en la cual se mencionan tres patrones macrocriminales ocurridos en esa región del país. La mayoría de las víctimas eran jóvenes en situación de vulnerabilidad, con edades comprendidas entre los 20 y 35 años.
Las víctimas fueron engañadas y transportadas desde Turbo, Medellín y otras áreas en vehículos municipales. Los cuerpos fueron ocultados en el cementerio de Las Mercedes, en Dabeiba, y también se asesinó a campesinos y personas indefensas.
Los de la tropa asesinaron también milicianos de las Farc capturados y guerrilleros que se entregaron a integrantes de la tropa, con fines de desmovilización. Cuando se trataba de campesinos, los señalamientos sobre su condición de enemigo provinieron de de las estructuras paramilitares presentes en el municipio de Ituango en 2004 y los grupos paramilitares
Aquellas víctimas trasladadas desde otras partes del país se encontraban en vulnerabilidad por su situación de desempleo, abandono, ser habitantes de calle o consumidores de estupefacientes. Además, se ocultaron los cadáveres en el cementerio Las Mercedes.
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“El ocultamiento de los cadáveres estuvo acompañado por la destrucción de las prendas y los documentos de identificación de las víctimas. Todos los hechos de desaparición forzada asociados a este tercer patrón estuvieron precedidos de la muerte violenta perpetrada bajo uno de los dos patrones anteriormente señalados. Este tercer patrón determinó la desaparición forzada como conducta autónoma con sus propias finalidades, cometida en los cementerios municipales de Dabeiba e Ituango, Antioquia. La desaparición masiva y forzada de víctimas en los cementerios municipales anotados fue una característica particular y autónoma de este caso, en tanto, a lo largo de cuatro jornadas fueron intervenidas 29 fosas comunes y una bóveda, correspondientes a 75 hallazgos forenses y 49 cuerpos individualizados. Este elemento, no estaba presente en los otros asuntos analizados en el Caso 03, cuyas víctimas, en la mayoría de los casos, fueron prontamente identificadas y entregadas a sus familiares”, explica el documento.
Ocho personas itieron su responsabilidad en estos casos y ahora deben reparar a las víctimas. Propusieron varias iniciativas, incluyendo la mejora de vías terciarias, la realización de una cátedra de paz para integrar a los actores del conflicto y a la población afectada con el objetivo de reconstruir el tejido social, y la implementación de granjas de gallinas ponedoras, relacionadas directamente con las necesidades de las víctimas.
Sin embargo, la JEP señaló que no todos los proyectos presentan aún una definición clara, por lo que algunos requerirán ajustes. Los proyectos propuestos no serán definitivos, ya que la Sala de Reconocimiento ha sugerido 5 iniciativas, pero será el Tribunal para la Paz quien decida las más apropiadas.
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Los ocho implicados que reconocieron su culpabilidad evitarán la cárcel, sometiéndose a una sanción restaurativa de hasta 8 años, mientras que quienes no itan su responsabilidad enfrentarán un juicio y podrían ser condenados a hasta 20 años de prisión.
El Tribunal para la Paz de la JEP revisará la resolución de conclusiones y determinará las sanciones para los responsables.
“Concluir que los señores Yair Leandro Rodríguez Giraldo, Hermes Mauricio Sáchica Alvarado, Edie Pinzón Turcios, Levis de Jesús Contreras Salgado, Fidel Iván Ochoa Blanco Jaime Coral Trujillo, William Andrés Capera Vargas y Efraín Enrique Prada Correa han aportado verdad completa, detallada y exhaustiva y reconocido su responsabilidad penal individual, en los términos del Auto 01 del 11 de julio de 2022. En consecuencia, son elegibles para la imposición de una sanción propia”, finaliza la resolución.
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