Implementación del acuerdo va rezagada en resultados, gestión y recursos: Contraloría

Este miércoles 20 de noviembre se desarrolló el foro Así va La Paz i nstalado por el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, quien se refirió a la utilización de recursos para la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc.El contralor reveló que desde el 2018 y hasta el primer semestre de este año, la Contraloría detectó 511 hallazgos, de los cuales 102 tienen incidencia fiscal por $141.000 millones de pesos."El presupuesto general de la Nación presenta problemas en su ejecución relacionados con (I) deficiencias en la formulación, estructuración de proyectos de inversión y baja coherencia con los objetivos del acuerdo, (II) los componentes de los proyectos no son exclusivos a temas de paz y (III) la marcación del trazador presupuestal de paz de la Plataforma Integrada de Inversión Pública, PIIP, no garantiza que el recurso implemente una acción prevista en el acuerdo, marcando recursos de funcionamiento que corresponden a gastos istrativos del Estado", señaló el contralor.La Contraloría ha hecho auditorías a 616 proyectos en OCAD PAZ por un valor de $7,3 billones y hay hallazgos con incidencia fiscal por $522.268 millones, siendo el Caribe la zona donde más casos se presentan. Además, se advierte que el Fondo Colombia en Paz no ha contado con coordinación, articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos.Uno de los rezagos del acuerdo tiene que ver con el primer punto, reforma rural integral."El acuerdo final estableció otorgar tres millones de hectáreas a población campesina y demás sujetos de ordenamiento, y solamente se han entregado durante los ocho años de implementación 18.201 hectáreas; es decir, el 2.1 %", señala el órgano de control.En temas de reincorporación, el contralor aseguró que algunos proyectos productivos de los excombatientes de las Farc han dejado de operar debido a problemas de seguridad, comerciales, climáticos, istrativos y financieros. Además, en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, hay una baja ejecución presupuestal para cumplir los compromisos con las familias cultivadoras y no cultivadoras."El Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), diseñado para garantizar la transparencia, presenta fallas que impiden el seguimiento en tiempo real, la integración de fuentes de financiamiento y el a información unificada sobre proyectos del posconflicto, dificultando la participación de las comunidades", indicó el ente de control.Frente a los desafíos que hay para la implementación del acuerdo la Contraloría considera que debe haber eficiencia y eficacia en la ejecución de los recursos, también debe haber una mayor coordinación estatal y se debe garantizar el equitativo de todos los territorios a fuentes de financiación."Desde la Contraloría General, evidenciamos que la implementación del acuerdo va rezagada en términos de resultados, gestión y en recursos. El Estado no ha respondido con la debida celeridad y efectividad. Instamos al Gobierno nacional para que, a través de sus ministerios, agencias y demás entidades, se avance significativamente en la resolución de los múltiples conflictos que afectan a nuestro país. Esto implica un esfuerzo para garantizar la transparencia y la eficacia en la implementación de un acuerdo vital para la paz en Colombia", advierten desde la entidad.