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La Defensoría del Pueblo advirtió este jueves de nuevas rutas de "migración a la inversa" de personas de distintos países que regresan a Colombia por el océano Pacífico y el mar Caribe, procedentes de Centroamérica, porque no pudieron llegar a Estados Unidos.
"Encontramos que niñas y niños vienen con personas adultas que no son sus padres, pero tampoco familiares, además de que no tienen identificación. Esto pone en riesgo la integridad de las y los menores de edad, que son sujetos de especial protección constitucional. Adicionalmente, llegan sin permiso de ingreso y salida", expresó la defensora del pueblo de Colombia, Iris Marín.
Según la Defensoría, la migración inversa no solo se está haciendo por el poblado de Capurganá, ubicado en el Caribe, sino también en los municipios de Juradó y Bahía Solano, en el océano Pacífico. Estas tres localidades están ubicadas en el departamento selvático del Chocó, fronterizo con Panamá.
Desde estos puntos en el Pacífico, los migrantes son trasladados por redes que "se ofrecen a llevarlas en embarcaciones" hasta Buenaventura, municipio que tiene el principal puerto del país en ese océano.
Según la Defensoría, los migrantes enfrentan riesgos en su llegada al Chocó por la presencia de los grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ejercen control territorial en esas zonas.
Muchos migrantes se enfrentan a otros retos, como la dificultades para moverse o que no hablan español.
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Al municipio de Juradó, por ejemplo, están llegando cada día entre 20 y 40 personas que duermen en hostales, en las calles o en los parques de esta localidad, que según la Defensoría, no tiene capacidad de respuesta institucional para atender esta situación.
"Como esta ruta (del Pacífico) no existía, todos los esfuerzos y capacidades estaban enfocados sobre el lado del mar Caribe, del océano Atlántico", expresó la defensora del Pueblo.
La funcionaria pidió a "la institucionalidad colombiana en su conjunto" poner "en marcha planes y acciones que atiendan a la población migrante cuanto antes", pues considera "oportuno actuar con medidas humanitarias que contribuyan a conjurar lo que está ocurriendo".
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Marín también pidió al Gobierno de Panamá estar alerta ante esta situación, que también se da en los distritos de Pinagona y Chepigana y las comarcas Emberá Wounan y Guna Yala en la provincia panameña del Darién.
"Su trabajo en el territorio es necesario para mejorar los controles migratorios y asegurar que a niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultos mayores les sean garantizados sus derechos", concluyó la defensora.
Hace dos semanas, el Gobierno de Panamá cerró la principal estación migratoria a la salida del Darién tras la drástica caída del flujo hacia Norteamérica de viajeros irregulares por las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno estadounidense.
Eso supuso el fin de una crisis humanitaria que se prolongó varios años en esa región selvática limítrofe con Colombia.
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