En las últimas horas las autoridades de El Salvador allanaron casas en distintas partes del país en busca de evidencias contra un centenar de colombianos que fueron detenidos señalados de integrar una red de lavado de dinero.
"La Fiscalía General de la República en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron allanamientos en las viviendas de los colombianos que se dedicaban a estafar, haciéndose pasar por microfinancieras", indicó la Fiscalíaen su cuenta de Twitter.
Esto contrasta con el drama que viven varias familias en Colombia que no saben de sus seres queridos, que se fueron a ese país en busca de nuevas oportunidades laborales y económicas.
En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Juanita Goebertus, directora División de las Américas de HRW, habló del panorama en materia de derechos humanos en ese país y la persecución de la cual están siendo víctimas vario colombianos que, hasta la fecha no han tenido un debido proceso.
“Uno de los elementos más grave es la persecución por un delito sin individualizar”, dijo Goebertus. En ese sentido, aseguró que seguirán buscando los mecanismos y las instancias judiciales para tener respuesta de las autoridades y el Gobierno de Nayib Bukele.
Insistió que con el actuar de las autoridades de ese país, se está incurriendo en violación de derechos humanos, “aquí hay toda violación al debido proceso y derechos humanos. Se debe informar a los familiares dónde están y cuál es el delito por el que fueron detenidos”, enfatizó.
Goebertus finalizó siendo crítica y preocupada por el “silencio” de los demás países ante las denuncias por violación de derechos humanos en El Salvador.
Cabe recordar que el pasado 17 de julio las autoridades salvadoreñas anunciaron la detención de 110 personas, de ellas 105 colombianos.
También fueron detenidos un argentino, un guatemalteco y 3 salvadoreños, cuyas residencias también fueron allanadas, señaló la Fiscalía.
Los detenidos, entre los que figuran exmilitares y expolicías, ingresaron a El Salvador en diferentes épocas "como turistas" y ofrecían créditos, pero no estaban registrados en la Superintendencia del Sistema Financiero.
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