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La Corte Constitucional adoptó medidas para contrarrestar el hacinamiento carcelario, ordenándole así al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que, junto a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación traslade de manera inmediata a los privados de la libertad que están en calidad de condenados en las estaciones de Policía a las cárceles del país.
En este caso, la alta corte advierte que la situación de hacinamiento en el país sigue siendo preocupante debido a las condiciones de precariedad de las personas privadas de la libertad, señalando que “los centros de detención transitoria son una tragedia humanitaria”.
Por esta razón, la Corte Constitucional ordenó el traslado inmediato de las personas que permanecen en las estaciones de Policía priorizando a las mujeres embarazadas y a los adultos mayores, además, la Corte pide que se haga un plan de intervención sobre la infraestructura y la habitabilidad de los centros de detención transitoria a nivel nacional.
“Ordenar al Inpec que, con apoyo de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, traslade de manera inmediata a todas las personas privadas de la libertad a quienes un juez les haya impuesto la medida de detención preventiva en el lugar de residencia o concedido la prisión domiciliaria, cuya ejecución está pendiente, al lugar donde debe cumplirse la medida de aseguramiento o la medida sustitutiva de la prisión intramural”, expresa la decisión.
Recordemos que, fue el pasado 17 de junio cuando se llevó a cabo en el Palacio de Justicia, exactamente en la Corte Suprema de Justicia, una cumbre de alto nivel, precisamente para abordar el tema del hacinamiento carcelario. Allí, se estableció una cifra de 27.000 privados de la libertad en estaciones de policía, además, en esta reunión se pudo establecer que para los efectos de garantizar que las audiencias o las diligencias no se malogren, se acordó con los alcaldes de las principales ciudades que iban a revisar en las estaciones de Policía de sus municipios el tema relacionado con la conectividad, dotando también esas estaciones de Policía de los equipos necesarios para que las audiencias, por lo menos las preliminares relacionadas con la legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, se puedan hacer de manera virtual.
Por último, la Corte Constitucional también le ordenó a la Policía, a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia que adopte medidas para el a la información para que los entes de control puedan ejercer las respectivas labores de veeduría en las cárceles del país.
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