El Gobierno nacional se prepara para destapar otro escándalo de corrupción: el posible robo de recursos de la plata de las regalías para los municipios más afectados por el conflicto armado en Colombia.
El Departamento Nacional de Planeación está analizando cotizaciones sobre cuánto le costará contratar a un verdadero destacamento de auditores forenses que actúen como detectives y le pasen la lupa a 1.005 proyectos contratados con la plata de las regalías para la paz con el objetivo de encontrar toda clase de irregularidades desde faltas istrativas a delitos, según documentos conocidos por Blu Radio.
“Tenemos un grave problema porque el segundo punto del acuerdo de paz con las Farc, que era transformar el territorio, la plata se la llevaron a las zonas más ricas y/o se la robaron. Por eso yo quiero, director de planeación, que usted contrate una auditoría forense, valga lo que valga”, dijo el presidente Gustavo Petro a su director de Planeación Nacional, Alexander López, durante un discurso en Nariño.
López hizo caso y está preparando la contratación. Las expectativas del Gobierno sobre los resultados de ese informe son altas porque no solo espera hallazgos sino pruebas con ‘cadena de custodia’, lo que muestra una disposición a denunciar ante las autoridades.
La lista de más de 1.000 proyectos del OCAD Paz incluye a todos los que se contrataron entre 2017 y 2024 y ya se encuentran en ejecución, pero también pasarán a la palestra decenas de proyectos terminados.
Estamos hablando de una auditoría con enfoque "detectivo" y la palabra "detectivo" no es menor porque el Gobierno espera de hecho que los auditores se comporten como detectives: podrán buscar información física o digital, hacer entrevistas o visitar los proyectos para evaluar si hay “daños económicos, fraudes financieros, violación a la normatividad y, daños istrativos”.
Al final de cada auditoría deberán entregar un listado de hallazgos penales, fiscales o disciplinarios con las pruebas que los sustentan y en varios apartes del documento se habla de la importancia de que exista una ‘cadena de custodia’ sobre esas pruebas. Además, deberán detallar la cuantía del fraude, cuáles fueron sus efectos, la posible tipificación (de los delitos) y quiénes son los presuntos responsables.
Cada equipo tendrá un líder de proyecto pero, además, abogados penalistas, auditores informáticos y auditores contables o istrativos.
En 2022 Blu Radio reveló las denuncias de varios alcaldes de los municipios más afectados por el conflicto, quienes dijeron haber sido ‘extorsionados’ o presionados para el pago de sobornos a funcionarios del gobierno para que les aprobaran proyectos del OCAD Paz.
Según el DNP este libro blanco sobre quién se robó los recursos debería estar listo a final del año.
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