El Gobierno colombiano aprobó este viernes otras tres Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en los departamentos de Cundinamarca y Meta de las que esperan se beneficien unos 10.000 campesinos y sus familias, informó el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) estableció la Zona de Reserva Campesina de Sumapaz, en el Distrito Capital de Bogotá, que beneficia a 1.770 habitantes con un área de 22.765 hectáreas.
En el Meta fueron aprobadas las ZRC de Güejar–Cafre, de 33.694 hectáreas, ubicada en el municipio de Puerto Rico y que beneficia a 1.246 habitantes, y la de Losada-Guayabero, en los municipios de La Macarena y Uribe, que beneficia a 7.646 campesinos y cuenta con 163.906 hectáreas.
El viceministro de Desarrollo Rural, Darío Fajardo, celebró que "hoy se tomó una decisión fundamental para la construcción del país".
La figura de la Zona de Reserva Campesina "fue creada hace muchos años, desapareció con la guerra en la década de 1940 pero se retomó para darle garantías a los campesinos organizados y aumentar la productividad. Esto es la reivindicación de sus luchas y sus derechos", en palabras de Fajardo.
Desde que el presidente colombiano, Gustavo Petro, asumió el poder el pasado 7 de agosto, se han implementado cuatro ZRC, detalló en un comunicado la cartera de Agricultura, que explicó que suman más de 397.000 hectáreas y están ubicadas en los departamentos de Cauca, Cundinamarca y Meta.
Esta figura tiene como objetivo fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales y crear las condiciones para el logro de la paz.
El Gobierno de Petro ha convertido a las ZRC en una prioridad, tanto en el marco de la Reforma Rural que está impulsando como en la construcción de la "paz total".
En este sentido, el director general de la ANT, Gerardo Vega, aplaudió que la constitución de estas nuevas ZRC ponen de manifiesto "el interés de las comunidades campesinas por adoptar prácticas agropecuarias coherentes con el uso del suelo de estos territorios".
Además, "evitará conflictividades a futuro e impulsará el desarrollo de actividades productivas sostenibles desde lo social, ambiental y económico, entre otras bondades de estas territorialidades", concluyó Vega.
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