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El Gobierno nacional está listo para empezar a desplegar las asociaciones público populares que le permitirán entregar pequeños contratos de forma directa a personas del común y sus asociaciones.
Todo quedó contemplado en el decreto 874 del 2024 que establece que son parte de la economía popular: “oficios y ocupaciones mercantiles relacionados con la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, y no mercantiles, que hagan referencia a actividades domésticas o comunitarias, desarrolladas por unidades económicas de baja escala ya sea personales, familiares, micronegocios o microempresas, en cualquier sector económico. Los actores de la economía popular pueden realizar sus actividades de manera individual, en unidades económicas, u organizados de manera asociativa”
Los contratos se podrán firmar hasta por la mínima cuantía, que es un valor que depende de cuánto presupuesto tiene la entidad. Por ejemplo, para el caso del fondo de las TIC la mínima cuantía este año es de 130 millones de pesos.
Además, en situaciones de emergencia y desastres, las entidades estatales podrán comprar de manera directa productos agropecuarios de pequeños productores agrícolas y campesinos que hayan sido afectados y donarlos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En otras palabras, usar el presupuesto de la nación para reactivar la economía local luego de un desastre natural o una situación de emergencia.
Los contratos serán directos pero tendrán límites. Por ejemplo, las entidades no podrán dividir un contrato grande en otros más pequeños para utilizar el mecanismo y tendrán que colgar los contratos en el Secop.
El Gobierno espera que por esta vía, por ejemplo, las juntas de acción comunal puedan acceder a recursos del presupuesto para ejecutar pequeñas obras rurales como los caminos y vías terciarias.
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