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El Gobierno está cada vez más cerca de lanzar un plan de contingencia para evitar que en 2026 el país tenga que importar gas natural para abastecer la demanda de industria y hogares. La ANH tiene un primer paquete de medidas listas para anunciar y la industria pide que se actúe con sentido de urgencia.
Las proyecciones del Gobierno anterior, las proyecciones de la industria y las proyecciones de la nueva hoja de ruta de transición energética están de acuerdo en una cosa: si no hay cambios Colombia tendrá que importar gas natural en el año 2026 porque la oferta interna no será suficiente. El gas importado es generalmente más costoso que el gas local pero además tiene el problema de que sus precios son inestables e impredecibles.
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La Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene listo un acuerdo que, si no hay imprevistos, será anunciado la próxima semana. Las medidas han sido discutidas con la industria e implican que las petroleras no tendrán que devolver áreas después de evaluarlas, sino que podrán seguir explorando y desarrollando los mismos yacimientos, además se podrá ampliar el plazo para explorar siempre que las compañías propongan al Gobierno inversiones adicionales en exploración.
Este podría ser apenas el primer paso de un plan de acción más amplio porque hay mesas de trabajo fluyendo entre la industria y distintos sectores del Gobierno buscando nuevas ideas para poner en marcha.
"Entramos en un estado de urgencia que amerita un plan de acción y un plan de choque para que a partir del año el 2026 ese déficit no tenga que suplirse con gas natural importado, gas licuado, sino que desarrollemos las reservas que hemos descubierto en 2022 y 2023 en áreas continentales principalmente", dijo la presidenta de Naturgas Luz Stella Murgas.
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Los últimos descubrimientos de gas en tierra firme incluyen a pozos como Dividivi 1, Saxofón 1, Chimela 1, Lulo y Lulo 2 todos de la empresa Canacol en la región caribe y el pozo Coralino-1 de Hocol.
Desde la industria esperan que un plan concreto en materia de gas incluya responsables y fechas de entrega y pueda ser incluido en la hoja de ruta de la transición energética para garantizar que entidades públicas y empresas privadas hacen su parte de cara al 2026.
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