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La Fiscalía General de la Nación ocupó, con fines de extinción de dominio, 184 bienes en diligencias que se realizaron en 30 Municipios y 15 Departamentos. Estas propiedades pertenecerían a los señalados involucrados en casos como el 'carrusel de las pensiones’, irregularidades de contratación en el Plan de Alimentación Escolar y desviación de recursos del sector salud.
La Fiscalía realizó esta ofensiva nacional para afectar el patrimonio de los presuntos responsables en hechos de corrupción, pues ocho fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, con el apoyo de personal del CTI y unidades del Ejército Nacional, ocuparon 184 bienes avaluados en algo más de 69.000 millones de pesos.
Son 137 inmuebles, una sociedad, tres establecimientos de comercio, 38 vehículos y cinco cuentas bancarias. Las propiedades fueron afectadas con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.
Todos los bienes fueron afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio, porque habrían sido adquiridos con dineros producto de actos de corrupción o pertenecería a los principales implicados en casos de desviación de recursos de la salud, pensiones, educación y Plan de Alimentación Escolar (PAE), entre otros sectores.
"Las acciones estuvieron dirigidas con el único fin de afectar directamente el patrimonio de servidores públicos, contratistas, particulares; que estuvieron involucrados en irregularidades de todo tipo, afectando el derecho a la salud de los colombianos, el derecho a la educación de los colombianos”, señaló el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
La Fiscalía intervino las propiedades que pertenecerían a los presuntos involucrados en estos seis escándalos de corrupción:
Todos los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para su istración y según La Fiscalía, el objetivo es que con estas acciones se incremente el número de bienes para que puedan ser monetizados y puedan ser utilizados rápidamente por parte del Gobierno Nacional.
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