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La Corte Interamericana deDerechos Humanosdefinirá este lunes si el Estado colombiano fue responsable del asesinato de más de 6.000 militantes de la Unión Patriótica en los años 80, 90 y principios de los años 2000. Se estima que estos asesinatos habrían sido cometidos por agentes del Estado en alianza con grupos al margen de la ley.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se prepara para dar su sentencia definitiva este lunes, 30 de enero, a las 9 de la mañana hora colombiana y fallar sobre el litigio que lleva más de 30 años entre la Unión Patriótica y el Estado colombiano por el exterminio de varios de sus militantes. En el movimiento hay una fuerte expectativa por este fallo en el que esperan que el Gobierno del presidente Gustavo Petro lo cumpla en su totalidad.
“Estamos frente a un hecho histórico que tendrá implicaciones para las víctimas, para los sobrevivientes de un partido político que fue objeto de persecución de asesinatos, de desapariciones, de tortura por parte del estado y de agentes paraestatales constituyéndose talvez en el caso más representativo de genocidio político no solamente en Colombia si no en América Latina y en el mundo”, dijo el secretario general de la UP y representante Gabriel Becerra.
En un informe de la CIDH informó que notificará la decisión de la sentencia de manera virtual a las partes en los que está la UP y al Estado colombiano.
Los hechos fueron calificados como un exterminio en el informe de fondo de la Comisión, además, involucran desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio en contra de integrantes y militantes del partido que nació del acuerdo de paz firmado en 1985 entre el estado colombiano y la antigua guerrilla del M19.
“Ese fallo, que esperamos que sea de condena contra el Estado colombiano también servirá de memoria, de ejemplo de presidente jurídico para que nunca más en este país un movimiento o unas personas, unos ciudadanos sean objeto de eliminación física o de eliminación”, manifestó el secretario general de la UP y representante Gabriel Becerra.
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Se estima que son más de 6.000 militantes de la Unión Patriótica a los que se les cometió la violación de alguno de sus derechos humanos por varias décadas. Asimismo, se estima que una vez sea leído el fallo se pronuncie a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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