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Desde la Sociedad Interamericana de Prensa se refirieron al artículo que aprobaron ayer en plenaria en el proyecto de ley anticorrupción y que ha sido considerado como censura a la prensa.
Desde la SIP manifestaron su preocupación y dicen que en ningún momento se busca defender a periodistas que ataquen a funcionarios con injurias y calumnias pero que no debe haber sanciones penales sino civiles, aseguran que deben ser proporcionales pues este artículo es un grave retrocedo para la libertad de prensa.
"Realmente creemos que es una aberración jurídica y legislativa y esperamos que las instancias que quedan en el legislativo o luego en el control constitucional se revierta esta propuesta y si no, habrá que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y otros organismos internacionales”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
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Las preocupaciones también llegaron desde la Fundación para la Libertad de Prensa, el director de la FLIP, Jonathan Bock, dice que este artículo genera un fuero especial para los funcionarios que son quienes deben tener una mayor transparencia y sobre quienes se debería ejercer una mayor veeduría.
“El mensaje que está mandando el congreso es muy negativo porque es intimidar a la prensa, queda un tufo de revancha por parte de algunos congresistas hacia los medios de comunicación, congresistas que, hay que decir, han estado siendo objeto de investigaciones”.
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Este artículo incluido en el proyecto de ley anticorrupción plantea que quien ataque mediante injuria o calumnia a un funcionario público podrá tener de 60 a 120 meses de prisión además de una multa de hasta 13 mil salarios mínimos.
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