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En una entrevista con Mañanas Blu, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, abordó las graves denuncias sobre el accionar del ELN en la región del Catatumbo, donde presuntamente este grupo armado estaría obligando a campesinos a entregar sus tierras. Harman también detalló los avances del programa "Fincas para la Paz", que busca adquirir tierras para destinarlas a proyectos productivos y de protección humanitaria.
Harman confirmó que ha recibido denuncias "muy graves y serias" sobre el despojo de tierras por parte del ELN en el Catatumbo. Según estas acusaciones, el grupo armado estaría forzando a campesinos a firmar documentos para entregar sus propiedades.
“Ayer tuve una amplia conversación con parte del movimiento campesino de esta región y si hay denuncias muy graves y serias de despojo de tierras por parte del ELN que tienen que investigar los entes competentes. Son tremendamente graves que están literalmente forzando a campesinos a firmar papeles para entregar sus tierras. Eso es un tema muy grave que tendrá que ser investigado por las autoridades de derechos humanos”, dijo.
El director de la Agencia Nacional de Tierras reconoció que estas prácticas no son nuevas y que han sido recurrentes en la región, comparándolas con las acciones que en el pasado realizaban grupos paramilitares. Sin embargo, aclaró que el Gobierno no está comprando tierras a campesinos pequeños, sino que se enfoca en ofertas voluntarias de propietarios con fincas de mayor extensión.
Harman explicó que el programa "Fincas para la Paz" se está implementando en el Catatumbo a través de ofertas voluntarias de tierras. Según el funcionario, ya se han identificado alrededor de 7,000 hectáreas ofertadas por propietarios en la región, con predios que oscilan entre 200 y 500 hectáreas. Estas tierras serían destinadas a organizaciones campesinas para proyectos productivos y como refugios humanitarios en momentos de crisis.
El director aclaró que las compras se están realizando bajo el marco de la Ley de Gestión de Riesgo (Ley 1523) y no bajo la Ley Agraria (Ley 160), lo que permite agilizar los procesos. Además, destacó que no se están expropiando tierras, sino que se están negociando con propietarios que han ofrecido voluntariamente sus predios.
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Durante la entrevista, surgieron preguntas sobre la posible influencia del ELN en la región y si este grupo se estaría convirtiendo en un "gran terrateniente" en el Catatumbo. Harman evitó confirmar si el ELN posee tierras en la zona, pero reiteró que las denuncias de despojo deben ser investigadas por las autoridades competentes, como la Fiscalía.
Respecto a la distribución de las tierras adquiridas, Harman señaló que el objetivo es fortalecer a las organizaciones campesinas y garantizar que estas fincas sirvan como soporte productivo y espacios de protección humanitaria.
"Queremos que estas tierras sean asignadas a las organizaciones campesinas y que sirvan para generar un fortalecimiento frente a los embates de la violencia", afirmó.
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El director también habló sobre los esfuerzos para formalizar la propiedad de la tierra en el Catatumbo, una región con un índice de informalidad del 65 al 70%. Harman destacó que el gobierno está avanzando en la entrega de títulos a campesinos que han sido despojados o que reclaman sus tierras, lo que les da certeza jurídica sobre sus propiedades.
En cuanto a los proyectos productivos, Harman resaltó que el Catatumbo tiene un gran potencial para la producción de alimentos como arroz, palma, verduras y ganado.
"El país transformando el Catatumbo gana un gran espacio para la producción alimentaria", aseguró.
Finalmente, Harman se refirió a la negociación con el expresidente Álvaro Uribepara la compra de un predio en Ubérrimo, municipio de San Carlos. Confirmó que se están avanzando en la compra de 200 hectáreas, aunque no reveló detalles sobre el precio.
"Vamos avanzando en la negociación y pedimos prudencia hasta que se materialice la compra", concluyó.
Con este programa, el gobierno busca no solo garantizar la seguridad alimentaria, sino también fortalecer la presencia del Estado en una región históricamente afectada por la violencia y el conflicto armado.
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