En BLU Radio hablamos con algunos aspirantes a las curules de paz que se elegirán el próximo domingo 13 de marzo en las elecciones al Congreso. Esta es la primera vez que se incluyen a las víctimas después de que este mecanismo fuera creado en el acuerdo de paz firmando entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc.
Sin embargo, para la mayoría de ellos el balance no ha sido positivo, pues en algunos casos han tenido problemas desde la inscripción de las candidaturas, hasta la parte de la financiación de las campañas e incluso algunos denuncian intimidaciones por parte de grupos ilegales o clanes políticos.
Eduard Álvarez aspira a la circunscripción número 12, que hace parte de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Asegura que mientras realiza su campaña ha recibido intimidaciones por parte de grupos armados cuando se reúne con las comunidades, especialmente por parte de las Autodefensas Gaitanistas, por lo que siente que no hay protección ni acompañamiento para hacer política, pero además, dice que hay zonas a donde no pudo ir a reunirse con la gente.
"En Valledupar no se nos permite hacer política porque solamente se le permite al hijo de Jorge 40, el pecado de él no es ser hijo de Jorge 40, sino la forma como hace la campaña política, indiscutiblemente las Autodefensas Gaitanistas le están haciendo la campaña en los territorios prohibiendo que entremos a ciertos lugares", señaló el candidato.
Asimismo, Martha Niria Solarte, quien es víctima en el Putumayo, cree que una de las fallas más importantes ha sido la financiación que debían recibir las organizaciones por parte del Consejo Nacional Electoral, pues para realizar el anticipo les exigen unas pólizas con unas aseguradoras que se han negado a otorgarlas, debido a que los candidatos no cuentan con el respaldo financiero suficiente para obtenerlas.
"Ha sido una dificultad tremenda para nosotros, se nos ha restringido el tema de propaganda, el tema de cuñas radiales; todo. Y para los otros políticos si tienen toda la libertad para hacer su campaña, es verdad que es de víctimas pero tampoco es para que se nos vulneren todos nuestros derechos para poder ser representados a nivel nacional", aseguró la candidata.
Por su parte, Jimmy Rodríguez manifiesta que el alcance para poder hacer política es difícil, pues el departamento del Chocó es muy largo y hay restricciones de movilidad debido a grupos armados, pero también porque a la mayoría de zonas toca llegar vía marítima y los candidatos no cuentan con la financiación para poder movilizarse, por esto, las campañas han estado limitadas, han recibido amenazas y el proceso de inscripción de candidatos fue muy complicado.
"La Registraduría queda extremadamente lejos y el internet ha sido un caos, el día que se cerraban las inscripciones no había internet ni en la ciudad de Quibdó. En el tema de mi integridad, me iba a mover por ciertos territorios del San Juan y no se pudo, me llegó la amenaza, está en mi correo y dicen que no están de acuerdo con mi política que debo abandonar el territorio o de lo contrario deben amenazarme".
Mientras tanto en el departamento de Arauca la guerra que se desató entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc desde el pasado 2 de enero, también ha afectado a los candidatos a las curules de paz; Patricia Moreno es víctima de desplazamiento y manifiesta que: "nos agarraron a las víctimas de conejillo de indias, jugaron con las víctimas y los campesinos con esto que era tan importante, nos sentimos burlados, vulnerados, revictimizados por parte del Gobierno. Fue muy complicado por el conflicto además salir a las veredas, a donde se va a votar por estas curules, fue muy difícil hacer pedagogía".
Por otro lado, Pedro Quintero aspira a la circunscripción especial 4, es decir la región del Catatumbo. Él manifiesta que hubo una falta de articulación entre las instituciones con los candidatos, teniendo en cuenta que es un proceso especial y nuevo, lo que para él generó una falta de garantías en el proceso, especialmente para la inscripción.
"Dentro de la reglamentación que hace la Registraduría y el Gobierno colocan 'palos a la rueda' al acto legislativo, pues es confuso para las víctimas quienes podrían aspirar, en caso particular frente a los requisitos que se necesitaban para la inscripción, pues se desdibujaron los requisitos y hay contradicciones".
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