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La Consejería Presidencial para la Mujer, a través del Observatorio de violencia contra la mujer,advierte sobre la cifra de este fenómeno que tiene por objetivo o resultado “menoscabar, impedir, desestimular, dificultar y/o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, en el marco de procesos electorales, de participación y representación democrática, y en el ejercicio de la función pública”.
En el marco del periodo electoral para cargos regionales, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Política inició un seguimiento a distintas fuentes que reportan hechos que afectan a candidatas e integrantes de campañas, las cuales permiten evidenciar la magnitud de esta forma de violencia en el contexto electoral.
Entre la primera semana de mayo y la primera semana de octubre de este año, se identificaron 34 casos de este tipo, los cuales se dieron a conocer a través de medios de comunicación, redes sociales o por medio de fuentes directas de las campañas.
Se han evidenciado hechos de violencia política en contra de mujeres principalmente en los departamentos de Antioquia (20,6 %), Cesar (14,7 %) y Sucre (8,8 %). En los departamentos de Cauca, Nariño, Quindío, Santander y Córdoba se han detectado hasta dos casos. En los departamentos de Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Casanare, Cundinamarca, Tolima y Valle del Cauca se identificó un caso de violencia.
El 44,1 % de las mujeres que se han identificado como víctimas de violencia política aspiran a una alcaldía, el 32,4 % a una gobernación y el 20,6 % aspiran al concejo o asamblea departamental.
En ese sentido, el 88,2 % de las mujeres podrían haber sido víctimas de violencia psicológica ejercida a través de amenazas verbales y/o escritas, el 17,6 % de las mujeres pudieron haber sido víctimas de violencia física y el 2,9 % de violencia sexual. Además, se pudieron reconocer dos casos de asesinatos de candidatas, un atentado y otras manifestaciones que ponen en peligro la vida de los liderazgos femeninos.
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El 44,1 % de las mujeres que dieron a conocer su caso de violencia no identificaron de dónde provenía. Por su parte, el 23,5 % afirmó que provenía de grupos al margen de la ley, el 11,8 % declaró que fue provocado por funcionarios(as) que hacían parte del Gobierno municipal o nacional y el 8,8 % declaró que provenía de otros grupos políticos.
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