Dos magistrados de Corte Constitucional cuestionan declaración conjunta de altas cortes y Gobierno

Los magistrados Diana Fajardo y Jorge Enrique Ibáñez criticaron a la cúpula judicial por suscribir una declaración reconociendo la gestión del Gobierno por la situación sanitaria y de crisis social que enfrenta y expresaron su rechazo al comunicado que firmaron los presidentes de las altas cortes tras su reunión con el presidente de la República, Iván Duque, en la Casa de Nariño.En una constancia escrita, los magistrados Fajardo e Ibáñez aseguraron que la obligación constitucional de ese alto tribunal la obliga a mantener independencia del Gobierno.“No compartimos que el señor presidente de la Corte Constitucional haya suscrito la declaración conjunta con el Gobierno Nacional. La separación de funciones, sin perjuicio de la colaboración armónica, obliga a la Corte Constitucional a mantener su independencia para el ejercicio de las funciones de control judicial que incluye las decisiones, omisiones o abstenciones del Gobierno Nacional”, aseguran.Igualmente, cuestionan que la declaración haga un reconocimiento a las labores del Gobierno para enfrentar la pandemia y la crisis social, cuyos temas pueden ser objeto de control constitucional.“No le corresponde a la Corte Constitucional reconocer “el conjunto de acciones y programas sociales que se están ejecutando desde el Gobierno Nacional en atención a la situación sanitaria, así como a los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país”, los cuales pueden ser en el futuro objeto de análisis judicial”, agregan.Finalmente, los dos magistrados censuraron el hecho de que se haya rechazado el vandalismo y otros hechos criminales y se haya guardado silencio frente a abusos de la fuerza pública.“Así como válida y legítimamente se condenaron y rechazaron los actos criminales, de violencia, de terrorismo, de vandalismo y de vías de hecho, que afectan directamente el derecho fundamental a la protesta, a la expresión libre en el marco de la Constitución Política y al funcionamiento general de la sociedad colombiana, también ha debido condenarse y rechazarse el uso excesivo de la fuerza, el desvío de poder y el abuso de autoridad que también afectan el orden jurídico, los derechos humanos y, en general, el Estado de Derecho”.

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Los magistrados aseguraron que la obligación constitucional de ese alto tribunal obliga a mantener independencia del Gobierno.

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