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Este martes 27 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá se pronunciará sobre la apelación presentada por el abogado Jaime Granados, en la que se cuestiona la formulación de la acusación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta cargos por manipulación de testigos. La decisión del tribunal será crucial para el desarrollo del proceso, pues se centrará en dos puntos clave: el reconocimiento de ciertas personas como víctimas y la figura de dolo que se le atribuye a Uribe.
El primer aspecto a resolver es si Eduardo Montealegre, exfiscal general; Jorge Perdomo, exvicefiscal, y Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, principal testigo contra Uribe, pueden ser considerados víctimas en este caso. La defensa del expresidente argumenta que estos individuos no deberían tener tal reconocimiento, lo que podría influir en la legitimidad de sus testimonios.
El segundo punto, y quizás el más crucial, se refiere a la naturaleza del dolo en la acusación contra Uribe. Inicialmente, la acusación se basó en "dolo directo", lo que implicaba que Uribe actuó con la intención deliberada de cometer el delito. Sin embargo, los abogados sostienen que, en realidad, se trata de un "dolo eventual", que, como explica el abogado Francisco Bernate, se refiere a una situación en la que el acusado prevé la posibilidad de causar un daño, pero deja el resultado al azar.
Bernate, en una entrevista con Blu Radio, explicó la diferencia entre ambos conceptos: “El dolo significa actuar con conocimiento y voluntad. El dolo directo implica una intención clara, como cuando alguien quiere apoderarse de algo ajeno, mientras que en el dolo eventual, el resultado queda librado al azar. La diferencia es fundamental, ya que la determinación criminal exige dolo directo, el cual conlleva una mayor sanción que el eventual”.
Este debate es central en el caso de Uribe. Si el tribunal decide que la acusación debe mantenerse bajo la figura de dolo directo, el proceso podría tener un desenlace muy distinto al planteado inicialmente. Uribe, quien estuvo bajo detención domiciliaria en 2020, deberá enfrentar un juicio para demostrar su inocencia en un caso que lo acusa de sobornar testigos para que cambiaran su versión o negaran vínculos con grupos paramilitares.
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