Por medio de un comunicado, la Red de Veedurías de Colombia denunció que la Unión Temporal Rym S.A.S, propiedad de Rafael Naranjo, estaría involucrada en un “cartel de chatarrización” que estarían adelantando la DIAN y la Alcaldía de Medellín, entre otros, tendría un costo por más de 720 mil millones de pesos.
Según la organización, “llama la atención la participación como oferente de la UNION TEMPORAL RYM SAS, de propiedad de Rafael Naranjo, la cual lidera el mercado de las empresas desintegradoras habilitadas y certificadas por los ministerios de Transporte y de Ambiente, para la chatarrización de los vehículos de carga, pese a hallarse ilegalmente habilitada, como quiera que no es persona jurídica y por tanto carece del certificado de existencia y representación legal”.
Según la Red, la inhabilidad arrancó porque una unión temporal no se ve representada por una persona jurídica, lo que quiere decir que no podía inscribir y habilitar más de seis mil certificados de chatarrización de vehículos, generando el millonario desembolso.
Esto, según la Veeduría de Colombia, tuvo la “anuencia de funcionarios como la Dra. Ángela Aldana, el Dr. Lazaro Gonzáles, del Ministerio de Transporte, y del Dr. Mario López del Ministerio de Ambiente, induciendo en error a otras entidades nacionales como la DIAN, la FISCALIA (...)”.
El documento también detalla que la Red le pide celeridad a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para pronunciarse sobre lo que han llamado como “inobservancias legales”.
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