
Crisis salud: los detalles de la investigación a cuatro EPS por presunto desvío de recursos
La investigación parte de los hallazgos relevados por la Superintendencia de Salud en EPS bajo intervención.

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Desde el pasado 14 de marzo, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra las EPS Coosalud, Servicio Occidental de Salud, Emssanar y Asmet Salud, para verificar las denuncias que la Superintendencia de Salud les hizo llegar a través de un informe radicado en noviembre del año pasado, cuando estaba a cargo de la dirección Luis Carlos Leal.
En este caso vuelve a ser clave el nombre de Mario Andrés Urán, quien fungió como asesor de salud en varias estas entidades y quién sería el que priorizaría los contratos y giros a ciertos prestadores.
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Sobre el reporte de la EPS Coosalud que, para el momento del informe no estaba intervenida, el ministerio público resaltó inconsistencias en los registros de giros al comparar tablas de recursos entre enero y septiembre, frente a la información financiera emitida en una de sus circulares.
Asimismo, se revisarán los altos valores pagados a terceros, como lo es organización Clínica General del Norte, cuyo aportante es la firma Venum, que tiene control directo de otras entidades del sector salud; la Procuraduría pidió investigar dicha entidad y su vinculación en el mercado colombiano.
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En el caso de Asmet Salud, el auto de la Procuraduría resaltó 12 anticipos a terceros que no se han legalizado y que superan los $21.000 millones, así como inconsistencias en la información reportada por la EPS “generando dudas sobre la confiabilidad de la calidad de los datos de la EPS y afectando la certeza sobre el monto de los pagos a los prestadores”.
Para el caso de Emssanar EPS, emitieron la preocupación por lo que sería un sobre costo no justificado en los giros destinados al pago de material de osteosíntesis, que son los implantes médicos que se utilizan para fijar y estabilizar los fragmentos de huesos rotos.
“Se identificó que se estaban asignando recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud a cinco operadores de material de osteosíntesis con un promedio mensual de $3.115 millones. Al validar el promedio de giros entre julio y septiembre de ese mismo año, los giros subieron a $5.276 millones de pesos, registrando un valor adicional de $2.161 millones de pesos”, reseñó el informe de la Procuraduría como una de las presuntas irregularidades.
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“La situación anterior genera un riesgo en el uso eficiente de los recursos del Sistema General de Salud, teniendo en cuenta que los incumplimientos de metas corresponden a recursos ya girados y que no fueron utilizados en la atención efectiva de la población y/o se trata de servicios que debieron ser atendidos por otros prestadores que se encuentran vinculados bajo otras modalidades contractuales o no tienen relación contractual”, es uno de los apartes del informe de la SuperSalud destacado por la Procuraduría.
Para esta EPS, también se investigará la situación en la que 18 EPS y proveedores de servicios tecnológicos de salud registran cuentas por cobrar por otros conceptos diferentes a anticipos por $20.191 millones, pero de los que se infiere que una vez fueron aplicados contablemente, no se compensan con las cuentas por pagar del prestador y se registran como una cuenta pendiente de recuperación, con lo que queda en riesgo ese recurso si la EPS no adelanta las acciones jurídicas correspondientes.
Y sobre la EPS SOS, la Procuraduría busca aclarar los hallazgos de la SuperSalud donde identificaron una diferencia de $455 millones en la trazabilidad de los recursos con seis terceros de la muestra de prestadores y proveedores del servicio.
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En el auto, la Procuraduría pide además adelantar una inspección en la superintendencia delegada para aseguramiento de salud de la Supersalud, así como copia del informe entregado a la Fiscalía.
Entre tanto, las EPS deberán responder por los certificados de pagos, giros y estados financieros de las diferentes actuales y Coosalud, tendrá que entregar información sobre el contrato laboral con el asesor Mario Andrés Urán Martínez.
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El ministerio público vinculó, además, a Jaime Miguel González Montaño, representante legal principal de CooSalud EPS, Luis Carlos Arboleda Mejía y César Augusto Sánchez Gutiérrez, exagentes interventores de Emssanar EPS designados en junio de 2023 y mayo de 2024, respectivamente, Javier Ignacio Cormané Fandiño, exagente interventor de ASMET Salud y Carlos Marino Escobar Vázquez, exagente interventor de Servicio Occidental de Salud EPS.