Desde Cúcuta, el contralor Carlos Zuluaga, ordenó a un grupo de contralores requerir al Dapre toda la información sobre la asignación de recursos, viajes y misiones especiales de las primeras damas de los últimos cuatro gobiernos, incluyendo la del presidente Gustavo Petro.
“Se solicite un informe detallado de los viajes misiones especiales, comisiones, que hayan realizados las esposas de los presidentes Gustavo Petro, Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe con el fin de tener una trazabilidad de los recursos públicos que hayan sido utilizados para este tipo de misiones”, dijo el contralor.
Se trata de Lina Moreno, esposa del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002 y 2010); María Clemencia Rodríguez de Santos, esposa del expresidente Juan Manuel Santos (2010 – 2018); María Juliana Ruiz, esposa del expresidente Iván Duque (2018 – 2022) y Verónica Alcocer, esposa del actual presidente Gustavo Petro.
Una gran polémica ha surgido por cuenta de la designación que hizo el presidente Petro a la primera dama Verónica Alcocer, como embajadora en misión especial y la cual la Procuraduría declaró como nula.
Esto, luego de una demanda que llegó al el Tribunal istrativo de Cundinamarca, en la que se apela que la designación del presidente Gustavo Petro a Verónica Alcocer como embajadora en misión especial y que según la solicitud, infringe la ley, específicamente el artículo 126 de la Constitución en el que se impide a los servidores públicos “nombrar, postular y contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”.
Millonarios gastos
Alcocer se vio envuelta en un escándalo generado por las revelaciones sobre la costosa comitiva que la acompaña a todo lado, y que le costaría al Gobierno más de $1.000 millones. Se trata de un equipo de maquillaje, fotografía, agenda y comunicaciones, conformado por funcionarios que ganan millonarios sueldos al mes.
Desde la Casa de Nariño no negaron que el gasto existiera, pero aseguraron que se trata de una “función social” que lidera la esposa del presidente, y para la cual tiene derecho “a desempeñar tareas protocolarias y liderar iniciativas de asistencia social”.
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