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La Contraloría General de la República alertó sobre un posible racionamiento energéticoen el país debido a la falta de nuevos proyectos y a las deudas acumuladas con los prestadores del servicio de energía y gas, que superan los $7 billones. El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra enfatizó la urgencia de tomar medidas inmediatas para evitar afectaciones graves a los estratos más vulnerables y al patrimonio del Estado.
Uno de los principales problemas radica en el atraso en el pago de subsidios, que afecta a familias de los estratos 1, 2 y 3. Según la Contraloría, las deudas acumuladas por subsidios energéticos ascienden a $2,7 billones, mientras que la opción tarifaria representa otros $3,4 billones.
Esto se suma a $628.000 millones en deudas por suministro de gas natural y un billón adicional por deudas de entidades públicas.
Si no se giran los recursos correspondientes, las tarifas podrían aumentar drásticamente, afectando a los hogares más vulnerables
Para enfrentar esta situación, el contralor general convocará al ministro de Minas y Energía, al ministro de Hacienda, a la Procuraduría General de la Nación y a los gremios del sector minero energético. Estas mesas de trabajo buscarán soluciones inmediatas, como cubrir las deudas y garantizar el abastecimiento energético.
Además, preocupa que actualmente no existan mecanismos claros para cubrir la deuda de la opción tarifaria, tras el archivo del proyecto de Ley de Financiamiento 2024. Sin una solución, las empresas proveedoras podrían trasladar el costo a los s, incrementando las tarifas y el riesgo de impago, lo que agravaría aún más la crisis del sector.
La Contraloría también destacó fallas en los esquemas de subsidios, que comprometen la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras y la calidad del servicio. Si la situación persiste, no solo se pondrá en riesgo el a los servicios públicos, sino que también se podría afectar la confianza de los inversionistas.
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El ente de control reiteró que garantizar la continuidad y el a la energía y el gas es una prioridad que requiere acción inmediata del Gobierno Nacional para evitar un apagón y proteger a las familias de bajos ingresos.
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