Contraloría alerta por fallas en protección a líderes sociales y presupuesto de la UNP
Un reciente estudio de la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto en evidencia serias deficiencias en la implementación de la ruta de protección para grupos y comunidades en riesgo en Colombia, a pesar de la multimillonaria inversión realizada entre 2019 y 2023.
Contraloría alerta por fallas en protección a líderes sociales y presupuesto de la UNP
La Contraloría, a través del estudio “Análisis de la Implementación de la Ruta de Protección a Grupos y Comunidades en Riesgo”, reveló que de $ 1.29 billones de pesos destinados a esquemas de protección, la gran mayoría se invirtió en medidas individuales, dejando desprotegidas a comunidades enteras y evidenciando una grave ineficacia en el sistema.
Según la entidad, de las más de 1.300 solicitudes de protección radicadas por grupos y comunidades —en su mayoría pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos y organizaciones sociales—, solo el 18 % obtuvo a medidas efectivas.
El resto de las solicitudes tienen un tiempo de espera de 203 días para que realicen la evaluación del riesgo, o para que les respondan que simplemente no cumplen con los requisitos. “Nos dan un chaleco, pero no detienen a quienes nos amenazan”, expresó un representante de una comunidad indígena del Cauca, evidenciando la percepción de los líderes sociales sobre la insuficiencia de las acciones de protección.
El estudio subraya también que, de los $ 1.29 billones de pesos istrados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), un 93 % fue destinado a medidas individuales, mientras que solo un 7 % se invirtió en acciones colectivas.
El análisis presupuestario de la UNP muestra un crecimiento progresivo en sus gastos, de $ 1.3 billones en 2019 a $ 2.6 billones en 2024, acumulando $ 6.3 billones de pesos. En 2022, por ejemplo, solo el 0.4 % del presupuesto de la UNP se destinó a proyectos de inversión para la mejora istrativa.
BLU Radio. Logo de la UNP //Foto: UNP
La Contraloría también destaca la débil articulación interinstitucional y la limitada accesibilidad a las comunidades en zonas de difícil como obstáculos fundamentales.
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Para el Vice contralor Carlos Mario zuluaga hay una baja inversión en medidas de fortalecimiento institucional y en proyectos de largo plazo. “A pesar de que se ha incrementado el número de presupuesto de la entidad y el número de personas protegidas, más de 8.114, más de 234 grupos; tenemos un comportamiento casi constante con el riesgo inminente a la vida de los ciudadanos y la tasa de homicidios así lo refleja”, aseguró.
A esto se le suman las cifras de la Defensoría del Pueblo, citadas en el estudio resaltando que entre 2019 y 2024, se registraron 1.068 asesinatos de líderes en Colombia, alcanzando un pico en 2022 con 215 casos.
Los departamentos con mayor número de casos de violencia, como Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Putumayo y Bogotá, son precisamente las regiones con la mayor concentración de solicitudes de protección, pero paradójicamente, con mayor ausencia de seguridad integral.
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Ante estos hallazgos, la Contraloría General ha hecho un llamado urgente a las entidades responsables para reforzar la articulación institucional y optimizar la asignación de recursos, priorizando los esquemas colectivos de protección y garantizando el derecho a la protección de las comunidades en riesgo.
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