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El proyecto Aeropuerto del Café, Aerocafé, en el municipio de Palestina, Caldas, continúa enfrentando riesgos que podrían comprometer su culminación y utilidad, esa fue la última advertencia que hizo la Contraloría General de la República. Este organismo ha destacado la necesidad urgente de abordar el déficit financiero y los problemas técnicos que han surgido en el desarrollo de esta infraestructura de importancia estratégica para la región.
La información proporcionada por la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé revela que se requiere la suma de $1.265.359.086.195 para lograr el cierre financiero del proyecto Aerocafé. Sin embargo, hasta la fecha, solo se cuenta con un presupuesto aprobado y comprometido de $603.661.502.745, lo que representa un faltante estimado de $661.697.583.450. Este déficit debe ser gestionado tanto por el Gobierno nacional como por la región, con contribuciones para completar el financiamiento necesario.
La Contraloría anunció que en el marco del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal para el año 2024, se llevará a cabo una auditoría de cumplimiento al patrimonio autónomo Aerocafé, con el objetivo de evaluar la observancia de la normatividad en el manejo e inversión de los recursos istrados por el proyecto.
Las acciones de control fiscal están enfocadas en determinar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por las partes involucradas en el proyecto y evaluar las acciones tomadas para subsanar las no conformidades previamente identificadas. Sin embargo, la Contraloría sigue preocupada por el estado técnico y financiero del proyecto, especialmente debido a la paralización de las obras y la inminente desfinanciación que podría derivarse de esta situación.
Además de este anuncio la Contraloría advirtió sobre el riesgo inminente de pérdida de recursos públicos en la ejecución del programa “fortalecimiento para el desarrollo de infraestructura social y hábitat para la inclusión social a nivel nacional-FIP nacional”. Esta advertencia va dirigida al Departamento istrativo para la Prosperidad Socialy a las entidades territoriales involucradas en el proyecto, con el objetivo de tomar medidas para evitar posibles detrimentos al patrimonio público.
El programa enfrenta varios riesgos identificados por la Contraloría:
Estos riesgos podrían derivar en la pérdida de recursos y afectación negativa de intereses públicos. La Contraloría basa esta advertencia en un estudio que analiza la información de 1.301 convenios con entidades territoriales, por un monto de $1,92 billones, realizado por la Contraloría delegada para el Sector Inclusión Social.
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Entre las principales conclusiones de esta advertencia destacan
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Finalmente, la Contraloría anunció la realización de una Actuación Especial de Fiscalización y una visita por parte de la Unidad de Reacción Inmediata de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari de la Contraloría, a la Agencia de Seguridad Vial, para verificar las contrataciones del último semestre de esta entidad porque se tiene alertas de presuntas irregularidades.
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