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Previo al cierre del segundo ciclo de negociaciones entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, en Ciudad de México, el presidente Gustavo Petro firmó una resolución en la que formaliza el carácter político de las conversaciones y en la que reitera que ese grupo es considerado como una “organización armada rebelde”.
“Reconocer que el Gobierno nacional, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, dado el reconocimiento político del Ejército de Liberación Nacional - ELN, como organización armada rebelde, se encuentra adelantando negociaciones y diálogos de carácter político”, señala el documento.
Adicionalmente aclara que esas conversaciones están “dirigidas a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese de hostilidades y el pacto de acuerdos de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización del Ejército de Liberación Nacional - ELN”.
Pero también se enfatiza en que esta resolución no modifica, altera, ni deja sin efectos las decisiones judiciales que se hubieren adoptado contra los del ELN hasta la fecha.
“No suspende los diferentes procesos judiciales que se adelantan contra ellos, ni las órdenes de captura vigentes. De igual manera, no impide que las autoridades judiciales correspondientes con posterioridad a esta declaración inicien y culminen las investigaciones judiciales a que haya lugar, y adopten las decisiones que resulten pertinentes en el marco de la ley”, señala.
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