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El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó hoy su preocupación por el aumento de la violencia en Colombia "debido a la expansión de diferentes grupos armados no estatales y organizaciones criminales", y pidió a las autoridades medidas para reducirla.
El informe periódico, octavo al que es sometido Colombia ante este comité y que cubre el periodo transcurrido entre 2016 (año del acuerdo entre Gobierno y FARC) y 2023, subraya que "deben reforzarse las acciones contra la impunidad de estos crímenes, particularmente aquellos ocurridos en zonas rurales".
En ese sentido, el comité, formado por 18 expertos, pide al Gobierno colombiano que fortalezca la presencia y capacidad de sus autoridades e instituciones civiles en los territorios más afectados por la violencia, y continuar los procesos de investigación de ésta "de manera pronta, exhaustiva e imparcial".
Al mismo tiempo, recomienda a Colombia mantener los procesos de diálogo y negociación con grupos armados no estatales y demás organizaciones "especialmente en aquellas zonas en las que existen posibilidades de conseguir a corto plazo un vuelco en la situación" que permita hacer efectivo el control del territorio por el Estado.
Sugiere además aumentar las medidas de protección a las comunidades más afectadas por el conflicto interno "y también para los excombatientes" de las FARC.
El comité de Naciones Unidas acoge con beneplácito los avances vividos por Colombia en su conflicto interno en los últimos siete años, incluyendo la creación en 2017 del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
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Sin embargo, los expertos manifiestan preocupación por la dilación en algunos procesos de reparación a las víctimas, y piden al Estado colombiano intensificar sus esfuerzos para reducir esos retrasos.
En materia de discriminación, el comité elogió la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, pero manifestó su preocupación por el alto índice de actos de violencia contra personas indígenas, afrodescendientes o del colectivo LGBT, entre otros grupos, en ocasiones perpetrados por de la fuerza pública.
Ante ello, el organismo de la ONU insta a Colombia a adoptar con urgencia políticas públicas "contra la discriminación estructural", incrementar las campañas de educación y sensibilización de la población ante este problema, y velar por que se investiguen todos estos ataques.
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El informe del comité expresó asimismo su preocupación por el aumento de los casos de violencia contra la mujer, "especialmente contra las defensoras de derechos humanos", así como por el hecho de que la interrupción voluntaria del embarazo siga siendo penalizada después de la semana 24 de gestación.
En relación con los derechos reproductivos, el comité advirtió que sigue usándose el glifosfato (sustancia que se ha comprobado que puede provocar abortos y otros problemas de salud) en los programas de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia, pese a los pasos dados por las autoridades hacia su suspensión.
A este respecto, los expertos de la ONU urgen a Colombia a promover la prohibición permanente del glifosfato y a adoptar medidas de reparación a las mujeres y otras personas que hayan sido víctimas del uso de este herbicida.
El comité también alerta de la persistencia de prácticas que promueven la impunidad frente a la tortura, de los altos niveles de hacinamiento especialmente en los centros de detención transitoria o de la persistencia de los desplazamientos internos y confinamientos por disputas territoriales.
Denuncia asimismo actividades ilegales de vigilancia a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como el monitoreo de las redes sociales por parte del Puesto de Mando Unificado de Ciberseguridad en el contexto de protestas sociales.
Los expertos denunciaron en el informe también las "graves violaciones de derechos humanos" cometidas durante el paro nacional de 2021 que incluyeron el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias, violencia sexual y de género o actos de discriminación y racismo.
El comité pide avanzar en las investigaciones de esos abusos y "profundizar la reforma" de los cuerpos antidisturbios en Colombia.
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