Con el decreto 2659 de diciembre de 2022, el Gobierno nacionalestableció el cese al fuego bilateral con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, o Clan del Golfo, y estableció, además, los compromisos y tareas para un acercamiento.
Dicho cese comenzó a regir desde el 1 de enero e irá hasta la medianoche del 30 de junio de 2023.
“El cese tendrá como objetivo principal suspender la afectación humanitaria de la población en general y en particular de las comunidades étnico - territoriales y campesinas y a la Nación, suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la fuerza pública y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC”, dice el decreto.
Es decir, desde la fecha quedan frenadas las operaciones militares y operativos policiales en contra de los del Clan del Golfo, pues, dice el documento, es necesario facilitar “la instalación de una mesa de diálogo y lograr el sometimiento a la justicia y su desmantelamiento, y acorde a los procedimientos para la ejecución del acuerdo y los protocolos pertinentes”.
Con esto, se confirma que el acercamiento entre el Gobierno y dicho grupo ilegal se intentará a través de un sometimiento por parte de cabecillas y otros a cambio de ciertos beneficios, y no en una mesa de negociación como ocurre con otras organizaciones.
Acompañamiento en el proceso
En el mismo decreto se creó el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del cese al fuego, que estará conformado por el Ministerio de Defensa, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, la fuerza pública, Iglesia católica, organizaciones sociales y del Clan del Golfo.
Insiste el Gobierno en que los integrantes del Clan del Golfo que asuman este rol, tendrán el aval y las garantías necesarias para desempeñar su labor.
Además, extendieron la invitación para que sean parte al Consejo Mundial de Iglesias, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.
“De igual manera, el Ministerio de Defensa Nacional y la oficina del Alto Comisionado para la Paz podrán solicitar a otros organismos intergubernamentales su participación en la observación, monitoreo y verificación de los ceses al fuego que se decreten en el marco de la paz total”, añadió el documento.
Otra de las tareas es que la Policía, a través de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, cuidará a los del Mecanismo de Veeduría.
El funcionamiento del mecanismo estará regido por unas reglas establecidas por sus propios integrantes, pues el Gobierno nacional y el Clan del Golfo establecerán un procedimiento impar para la toma de decisiones, así como determinarán un número límite de representantes por cada institución u organización que participe en dicho mecanismo. Se espera que, cada dos meses, se adelante una evaluación del cese.
Por último, la financiación de las diferentes labores, así como su difusión y pedagogía, saldrá del Fondo de Programas Especiales para la Paz.
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