Este lunes 18 de marzo se llevó a cabo una audiencia virtual donde el fiscal penal militar, Jhon Eduardo Niño, expuso los argumentos a un juez penal y policial de control de garantías para que la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra el coronel, Carlos Feria, exjefe de protección de la presidencia y otros uniformados recaiga sobre la Justicia Penal Militar en el caso del polígrafo a Marelbys Meza.
Durante la audiencia el fiscal Niño pidió que la investigación la realice su despacho; señaló que las actuaciones realizadas por los oficiales y suboficiales eran legítimas en el marco de sus competencias como de la jefatura de presidencia. Además, buscaban determinar si se había cometido un delito de hurto, tras conocerse la pérdida de un dinero en la casa de la actual directora del Dapre, Laura Sarabia.
“No cabe duda, en cuanto a que el uso de esas frases durante la práctica, el polígrafoa la señora Marelbys Meza no tuvo como un propósito cometer un delito, sino que se llevó a cabo con la pretensión de determinar si ella había tomado parte en la comisión de una conducta punible que no solo podía haber afectado intereses de la istración pública”.
En cuanto a otros delitos como el al celular de Marelbys Meza; el fiscal Niño aseguró que estas prácticas también estaban contempladas dentro de sus competencias.
“En cuanto a que el uso de esas frases durante la práctica, el polígrafo a la señora Marelbys Meza no tuvo como un propósito cometer un delito, sino que se llevó a cabo con la pretensión de determinar si ella había tomado parte en la comisión de una conducta punible que no solo podía haber afectado intereses de la istración pública. El hurto de documentos, si no qué manera especial. Podía revelar la existencia de fallas en el diseño, funcionamiento de los protocolos y los esquemas de seguridad del entorno presidencial”.
Junto a Feria, la Fiscalía investiga a otros dos uniformados: el jefe de la oficina de polígrafos del grupo de Estudios de Seguridad, capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez; y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez. La Fiscalía investiga a los tres uniformados por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal.
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