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La directora de la Unidad de Víctimas, Lilia Solano, anunció un acuerdo con el exjefe de las AUC Salvatore Mancuso para lograr la ubicación de cerca de 400 bienes, que Mancuso entregó a la Fiscalía y a Justicia y Paz, pero que no aparecen en los registros de la entidad.
Sin embargo, el portal Verdad Abierta publicó en las últimas horas una investigación en la que advierten que los bienes entregados por Mancuso no están perdidos y que incluso algunos fueron devueltos a víctimas de despojo.
"El exjefe paramilitar explicó que, cotejando las bases de datos de bienes que istra el Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV) de la Uariv, no encontró muchos de los que él entregó para la reparación de las víctimas y señaló que como gestor de paz del Gobierno Petro está comprometido en esclarecer los asuntos de tierras. Sin embargo, el hecho de que estos bienes no estén en manos de la Uariv, no quiere decir que estén perdidos", señala la investigación de Verdad Abierta.
En la investigación, el portal aclara que los bienes entregados por Mancuso se agrupan en al menos cuatro categorías: los que fueron restituidos antes de la ley de víctimas, es decir, antes de la creación de la Unidad de Restitución de Tierras. También hay otros que están en juzgados de restitución, algunos más están bajo investigación de la Fiscalía y el último grupo es el de los bienes que istra el FRV de la Unidad para las Víctimas.
"El ente acusador le precisó a este portal que en su sistema de información tiene vinculado a Mancuso con la entrega, ofrecimiento, denuncia y persecución de 416 bienes: 57 muebles y 359 inmuebles. De estos, entre 2004 y 2007, 117 bienes inmuebles fueron restituidos directamente; entre 2004 a 2013, los casos de 79 predios fueron enviados a la Unidad istrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas; y entre 2004 a 2013, 49 fueron dispuestos para la istración del FRV, de los cuales nueve están en trámite de extinción de dominio. Además, el grupo de persecución de bienes de la Fiscalía mantiene en investigación 107 predios desde 2004, la mayoría ubicados en el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander, que Mancuso había entregado a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con la desmovilización del bloque Catatumbo, pero de los cuales no cuenta con información para localizarlos", se lee en la investigación del Portal.
En el mismo sentido Verdad Abierta explica que las acciones de Mancuso con los bienes empezaron antes de su postulación a la Ley de Justicia y Paz, por lo que en ese momento "no había legalmente obligación de reparación y lo referente a los bienes se realizó por la voluntad de los desmovilizados".
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Por otro lado, en algunos casos se habrían presentado equivocaciones al evaluar la vocación reparadora de alguna sociedad y bienes, lo que llevó a que con el tiempo se despreciaran. A eso se suma, en algunos casos, una mala istración del Estado. Pero también la investigación señala que algunos de los bienes que ofreció Mancuso no le pertenecían.
"Uno de esos fue El Cortijo, un predio de 13 hectáreas, ubicado en zona rural de Montería sobre la vía que va hacia Planeta Rica, y que el Estado le había adjudicado en 1991 a Mancuso. Sin embargo, el exjefe paramilitar aclaró en una audiencia en 2007 que no podía ofrecer dicho predio porque le pertenecía a su papá, el señor Salvatore Mancuso D´Angiolella, quién lo había ocupado durante años. A pesar de eso, el predio fue cautelado y embargado por un magistrado de Justicia y Paz", se lee en la investigación.
Igualmente, habría pasado con el caso de un hotel: "El exjefe paramilitar había ofrecido las instalaciones hoteleras de ese bien para indemnizar a las víctimas y no el predio como tal, pues durante años esa isla atravesó una larga controversia alrededor de la propiedad de esas tierras. Entre 2007 y 2008, el Incoder, la autoridad de tierras del momento, señaló que, como la mayoría de islas del país, se trataba de un baldío de la Nación inadjudicable" menciona el portal.
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Otro caso sería el de los bienes que no pudieron ser inscritos para reparar a las víctimas porque estaban a nombre de algunos testaferros.
"Entre los que figuraron como titulares de predios ofrecidos por el exjefe paramilitar estuvo Aram Assias Soler, ganadero cordobés miembro del grupo urbano de las AUC en Tierralta y encargado de la estructura financiera, quien fue asesinado en 2008. También Celso Alfredo Salazar, veterinario, ganadero y especialista en derecho agrario, que se posicionó como mano derecha de Mancuso en sus negocios y fue encarcelado por su actuar delictivo. Otros incluían a Martha Elena Dereix Martínez, exesposa de Salvatore; Adolfo Antonio Arrieta Arrieta; y Benito Antonio Osorio Villadiego, exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba y político del departamento", explica la investigación.
Por último explica el portal que más de 30 predios relacionados con Mancuso que están reportados en las bases de datos del Fondo para la Reparación de las Víctimas tienen solicitud de restitución.
"De los 21 predios que ofreció Mancuso en 2007 para la indemnización de las víctimas, a la fecha cuatro cursan demanda de restitución, la URT estudia la solicitud sobre uno y otro cuenta con sentencia de restitución. De igual manera, de los siete predios que entregó la exesposa de Mancuso en 2011, tres están en demanda de restitución y uno en estudio", finaliza la investigación.
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