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Con 13 votos por el sí y un voto por el no, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de reforma a la justicia presentando en conjunto por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra; la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; y la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
El proyecto busca hacer modificaciones al Código Penal (Ley 599 de 2000), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), y las normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo (Ley 1121 de 2006); en aspectos como la reparación integral, concesión por allanamientos y preacuerdos, aplicación de principios de oportunidad, entre otros.
“Cuando hay explicaciones y cuando hay razonabilidad de los proyectos, se llegan a acuerdos muy rápidos y la verdad es que este proyecto lo que ayuda también es a agilizar la justicia y a lograr sanciones también para las personas que infringen las normas penales. Como Ministerio de Justicia estamos muy satisfechos en haber llegado en este triunvirato de Corte Suprema, Fiscalía y Ministerio”, señaló la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.
El coordinador ponente Ariel Ávila señaló que el propósito del proyecto es restaurar el equilibrio y los fines del sistema penal acusatorio, que en los últimos años se ha complicado por cuenta de medidas que rayan en el populismo punitivo aumentando la congestión judicial, el hacinamiento carcelario y los índices de impunidad.
“El sistema acusatorio es un sistema adversarial, es decir, un sistema de justicia negociada; esa es la esencia del sistema. Lo que se busca es estimular la emisión temprana y oportuna de decisiones judiciales, y obviamente todo esto garantizando el derecho de las víctimas”, sostuvo Ávila, presidente de la Comisión Primera.
“Lo que se busca con el proyecto es establecer una serie de acciones para permitir, por medio de la modificación de algunas normas del código penal y procedimental, desvertebrar organizaciones criminales, concediendo agilidad a los procesos y permitiendo que sean más expeditos las pruebas, los procedimientos para tener una pronta justicia que de algo contribuya a esa reparación que tienen los ciudadanos que han sido afectados por una serie de delitos en el país”, explicó el ponente y vicepresidente de la Comisión Primera, el senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa.
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Aunque se eliminó el artículo 7 que establecía una rebaja de pena para los agresores de menores; el proyecto si establece otras medidas que tuvieron una fuerte discusión como el establecimiento de una reparación integral a cambio de la extinción de la acción penal, una reducción de la pena de hasta el 25 % a quienes alcancen un preacuerdo frente a delitos relacionados con el terrorismo, la eliminación del requisito de que los principios de oportunidad y prueba anticipada pasen por autorización del despacho de la fiscal general, entre otros.
“Lo que sí se permite es unos preacuerdos cuando esas decisiones o esa información, mejor, por parte de los sindicados, permita una colaboración eficaz que desmantele organizaciones criminales en el país, o bandas criminales dedicadas a la extorsión, al secuestro. Se permite que esa colaboración, si es eficaz, y tendrá alguna rebaja en la pena, esa es la verdad, de un 25%, si esa información, insisto, permite que se desvertebrar organizaciones al margen de la ley y organizaciones criminales”, concluyó Motoa.
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