La alianza por el Acuerdo de Escazú alertó que pese a haber pasado más de cinco años y de estar en la etapa final en su paso por la Corte Constitucional, el proyecto podría quemarse en la puerta del horno.
Una de las principales preocupaciones tiene que ver precisamente con el tiempo. Si bien fue uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno de entonces tras levantarse el paro de 2019, fue solamente hasta la llegada de Gustavo Petro a la presidencia que el acuerdo fue avalado con una ley en noviembre de 2022 y un espaldarazo similar dio por su cuenta el Congreso.
Pero, desde ese entonces, la pelota ha estado en cancha de la Corte Constitucional y, el 3 de septiembre, vence el plazo en el que el alto tribunal se iba a pronunciar, para definir si ratificaba el acuerdo o lo tumbaba.
Estas alertas fueron plasmadas en un comunicado suscrito por la Asociación Ambiente y Sociedad, el grupo Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, Dejusticia, Movimiento Ambientalista Colombiano y WWF Colombia.
Vanessa Torres, subdirectora de la ONG Ambiente y Sociedad, reconoció la labor de la Corte en cuanto a la revisión de fondo del acuerdo, pero reiteró la importancia de su ratificación. Ya tiene varias muestras de apoyo; es urgente para fortalecer el instrumento.
Dos de las preocupaciones puntuales de la alianza surgieron durante la audiencia pública que se adelantó en abril pasado tras una solicitud del acuerdo para repasar el contenido. Allí, según Torres, hubo llamados de atención y críticas en temas como la soberanía nacional y la participación ciudadana que no se están incumpliendo.
“El acuerdo, como todos los tratados internacionales, respeta el principio de soberanía nacional y se ciñe directamente a los principios del derecho internacional. Por ello, es preocupante que en una etapa final, después de cinco años en este proceso, todavía se sigan cometiendo los mismos errores de interpretación en contra de un tratado que busca fortalecer el marco normativo ambiental”, argumentó Torres.
Con esto, el pronunciamiento de la alianza también envía busca enviarle un mensaje al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en cuyo despacho está la tarea de revisar el acuerdo y entregar su determinación, pues la otra alerta evidenciada durante la audiencia pública es los reparos sobre el alcance de la participación ciudadana.
Torres defendió lo construido asegurando, por un lado, que el acuerdo era amplio y beneficiaba a todos los sectores de la sociedad y que ya Colombia se destaca por ser un país con la mayor cantidad de mecanismos de participación ciudadana en América Latina.
“En nuestra experiencia, cuando se garantiza una participación efectiva de las comunidades, se previenen conflictos socioambientales, y esto es a lo que llamamos el Acuerdo de Escazú, que beneficia a todos los sectores de la sociedad, es un acuerdo de participación”, agregó Torres.
Otra de las razones planteada por la alianza para que la Corte Constitucional ratifique el acuerdo es que desde el 2022 este se ha implementado en Latinoamérica y el Caribe, con 16 estados que lo confirman, por lo que Colombia entraría a ser un jugador importante con la experiencia ya adquirida en materia de conflicto socioambiental y de fortalecimiento de derechos humanos.
Además, recordaron que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente, ha implementado proyectos relacionados con el acuerdo.
Sería incoherente tener una COP16 y no un Acuerdo de Escazú ratificado: Alianza
Finalmente, desde la alianza por el Acuerdo de Escazú señalaron la importancia de que, antes del desarrollo de la COP16 prevista para hacerse entre octubre y noviembre en Cali, ya el proyecto pase la prueba constitucional.
“El lema de la COP16 es paz con naturaleza y la paz con naturaleza se logra respetando y visibilizando el rol de quienes protegen la biodiversidad en los territorios, que son las personas defensoras del ambiente que de hecho el acuerdo busca proteger. (...) Sería un escenario de mucha incoherencia y sobre todo con muchísimas preguntas de por qué el país anfitrión le está dando la espalda al primer tratado regional que protege a las personas defensoras”, puntualizó Torres.
Si el acuerdo no pasa la prueba constitucional, Colombia tendría en riesgo temas como la credibilidad regional y el liderazgo, la vulnerabilidad de los líderes ambientales, limitaciones en cuanto a participación y a la información, cooperación y apoyo económico de la banca multilateral, según el comunicado de las organizaciones.
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