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Al menos siete candidatos han sido asesinados durante la campaña electoral del próximo domingo en las serán elegidos alcaldes, gobernadores, concejales, diputados regionales y ediles de Juntas istrativas Locales.
El fiscal general, Francisco Barbosa,dijo en una rueda de prensa que de los siete casos, "seis víctimas corresponden a candidatos a concejos y otro a una Junta istrativa Local (JAL)".
Dos de los candidatos asesinados hacían parte del Partido Liberal, mientras que el resto eran de la coalición Pacto Histórico, y los partidos Alianza Verde, Gente en Movimiento, Cambio Radical y Creemos.
Los crímenes, detalló Barbosa, fueron cometidos en los municipios de Taminango, Guachené, Pradera y Jamundí, en el suroeste del país; en Honda, cercano a Bogotá; Mutatá, en el departamento de Antioquia, y en Cartagena de Indias.
"Hoy podemos decirle al país que estamos investigando siete homicidios y siete tentativas de homicidio en el marco del proceso electoral", añadió Barbosa, quien dijo que han recibido "531 denuncias de amenazas contra candidatos en estas elecciones".
Por otra parte, el fiscal dijo que esa entidad tiene "1.519 casos abiertos" gracias a la "estrategia transitoria de investigación y judicialización" para los comicios.
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"Tenemos 5.700 funcionarios en todo el territorio nacional para cubrir las elecciones", expresó el funcionario.
Igualmente, el fiscal dijo que la entidad diseñó un "mapa de riesgo electoral" en el que se analizó la situación de seguridad que viven los municipios del país.
"El mapa de riesgo electoralnos ha permitido establecer que 261 municipios están en alto riesgo de afectación en las elecciones y que 494 municipios están en riesgo medio", afirmó Barbosa, que agregó que "más de la mitad del país está en riesgo frente al proceso electoral".
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La Policía, por su parte, aseguró el martes que ha realizado operaciones para atender 211 denuncias sobre posibles delitos electorales en los comicios regionales y nacionales.
Los municipios donde se agrupa la mayor cantidad de alertas son Cartagena de Indias, Bogotá, Pasto, Jamundí y Soacha, esta última una localidad vecina de la capital colombiana, explicó la Policía en un comunicado.
Del total de denuncias recibidas por las autoridades judiciales, 140 corresponden a supuestos fraudes en la inscripción de cédulas, 25 por constreñimiento y 21 por corrupción del sufragante, entre otros delitos.
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