La Procuraduría General de la Nación le dio un jalón de orejas al Gobierno Nacional sobre el vencimiento del plazo impuesto por el Tribunal istrativo de Cundinamarca y ratificado por el Consejo de Estado en una Acción de Cumplimiento.
La entidad de control envió una solicitud formal al presidente de la República para que presente los actos istrativos de nombramiento de los seis comisionados, quienes deberán ser designados por un período de cuatro años con dedicación exclusiva.
Y es que el Ministerio Público afirma que El pasado 19 de junio expiró el plazo establecido para que el presidente Gustavo Petro cumpla con la sentencia que ordena los nombramientos de los integrantes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), ya que según el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, se requiere que se formalicen los actos istrativos para designar a los seis expertos en asuntos energéticos, así como la publicación oficial de sus hojas de vida.
Además, se exige al Gobierno nacional que documente las acciones realizadas en el proceso de nominación, incluyendo las pruebas de publicación de las hojas de vida de los designados, conforme al Decreto 1083 de 2015.
En este caso, la Procuraduría, a través de su delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, ha estado supervisando el cumplimiento de esta decisión judicial, resaltando la importancia estratégica de asegurar la seguridad jurídica y técnica en la toma de decisiones relacionadas con la energía en Colombia.
Este llamado resaltó la necesidad de que el Gobierno nacional actúe con prontitud para completar los nombramientos exigidos por la normativa.
Director de la Creg fue denunciado penalmente por "omisión" ante altas tarifas de energía
En medio de las constantes alzas en el valor del servicio de energía, tanto para la región Caribe como para el resto del país, el Gremio de Distribuidores y Comercializadores sin generación despachada (Codisgen), junto con un grupo de ciudadanos de la Junta de Acción Comunal del barrio Chiquinquirá de Barranquilla, denunciaron penalmente al director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Omar Prias.
Se trata de una denuncia de prevaricato por omisión ante la seccional Atlántico de la Fiscalía por supuestos “descuidos” que han llevado en el último año a las alzas en las tarifas de energía eléctrica en el Caribe colombiano, donde operan las empresas Air-e y Afinia, y también para el resto del país.
El proceso actualmente se encuentra en la seccional 60 de la Fiscalía, bajo la unidad de istración pública y de justicia, donde desde el 26 de marzo tienen asignado este caso por el que se encuentran recopilando pruebas, así lo cuenta Aurelio Castilla, miembro de laJAC que acompaña la denuncia.
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