A pesar de que el Gobierno Nacional y los integrantes del consejo comunitario pro defensa río Tapaje, no lograron ningún acuerdo, finalmente y de manera unilateral los campesinos, comunidades afrodescendientes e indígenas llegaron a un acuerdo que permite desde este viernes poner fin, después de 24 días, a los bloqueos del comercio y transporte fluvial para darle paso a la reactivación productiva y económica de la costa norte del pacífico nariñense.
BLU Radio logró establecer que durante las casi cuatro horas de reunión se registraron momentos de tensión en la que las comunidades hicieron graves denuncias sobre atropellos de los que han sido víctimas por parte de algunos integrantes de la fuerza pública que se encuentran en la parte alta del río Tapaje, zona rural de El Charco.
La comisión del gobierno, presidida por los viceministros de la defensa Sandra Alzate y del Interior, Carlos Baena, trataron infructuosamente convencer a los líderes afros, indígenas y campesinos que levantaran la jornada de protesta tras asegurar que el Estado colombiano hará más presencia en la zona con programas sociales.
Carlos Baena, viceministro del Interior señaló que se redactó un acta donde quedan contemplados programas con proyectos productivos para la sustitución de cultivos ilícitos y celebró que las comunidades permitieran que el comercio reabriera sus puertas. Además, invitó a que se sienten a dialogar sobre como reemplazar la economía ilegal que circula en la zona rural de El Charco.
Durante la reunión se levantó un acta, pero ninguno de los líderes que estuvieron cara a cara con los funcionarios del Gobierno Nacional firmaron el documento por considerar que en el mismo no estaba plasmada su principal petición que es el retiro de la Fuerza Pública de las riberas del río Tapaje.
“No se procederá a ningún traslado de tropas del Ejército Nacional porque constitucionalmente la Fuerza Pública está para preservar la seguridad de la comunidad”, fue la respuesta de los altos oficiales de la fuerza de tarea conjunta Hércules y de Policía, tras reunirse con líderes afrodescendientes, campesinos e indígenas.
Uno de los voceros de la comunidad que diálogo con los altos mandos militares y de Policía indicó que la situación es "muy preocupante" por la posición de los representantes de la fuerza pública, ya que aseguraron que si la situación se torna delicada estarían dispuestos a enviar personal del Esmad para retomar el control de la población.
Posición que de inmediato fue rechazada por el líder social, ya que esta afirmación el alto oficial no la dijo en la reunión, sino casi que, en un tono de advertencia, precisó el líder social.
Además, señaló que le preocupa un desplazamiento similar o superior al ya registrado en el 2007, en donde más de 14.000 campesinos llegaron hasta la zona rural del Charco.
Los campesinos fueron reiterativos en que no van a dejar que los sigan estigmatizando más diciendo que ellos son obligados a marchar por los grupos armados ilegales que hay en la zona y pidieron del Ejército que si tienen pruebas de eso que las muestren o, de lo contrario, deben pedir disculpas a la comunidad de la zona rural del Charco.
Los líderes y representantes de las casi 85 veredas de las riberas del rio Tapaje manifestaron que salieron desconcertados porque consideraron que iban a recibir buenas noticias, pero lo que recibieron "fue un balde con agua fría" que los dejó en la más completa incertidumbre y, por eso, tomaron la determinación de devolverse para sus veredas.
El desconcierto en las calles de El Charco es total. Los líderes de la protesta manifestaron que en una asamblea general que tomaron la decisión de retornar a sus veredas, pero queda la incertidumbre de lo que pueda suceder de ahora en adelante, ya que consideran que son múltiples los abusos de autoridad que la Fuerza Pública ha cometido y no hay una sola persona investigada ni mucho menos sancionada por atropellar a los campesinos.
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