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Con los votos del oficialismo, el Senado de Uruguay aprobó la ley de reformadel sistema de seguridad social impulsada por el Gobiernode Luis Lacalle Pou, que, entre otras medidas, aumenta la edad de retiro de los 60 a un máximo de 65 años.
Luego de que la Cámara de Representantes aprobara modificacionesal texto original y con 17 votos afirmativos de 28, los senadores de los partidos que integran la coalición de Gobierno ratificaron los cambios a la norma, que será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El proyecto, ya devenido en ley, había sido aprobado por la Cámara de Senadores el pasado diciembre y pendía de la votación por parte de los diputados, donde objeciones del derechista Cabildo Abierto (CA) y del centroderechista Partido Colorado (PC) obligaron al Ejecutivo de Lacalle Pou a negociar.
Así, entre otras medidas, el PC y CA, pidieron revisar las pensiones por viudez y por incapacidad severa o reducir de 25 a 20 años la medida de "mejores años" para calcular el sueldo básico jubilatorio.
Creada con el aval de una Comisión de Expertos en Seguridad Social, antes de su envío al Parlamento en octubre del 2022 la reforma fue calificada como "necesaria" y "solidaria" por Lacalle Pou, quien ha destacado su aprobación como una de las grandes prioridades de su mandato.
Sin embargo, no fue acompañada ni por la opositora coalición de izquierdas Frente Amplio, que gobernó entre 2005 y 2020, ni por los sindicatos.
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Miles de trabajadores de áreas como la salud, el transporte o la educación se movilizaron este martes en Uruguay en el marco del paro general convocado por la central sindical, el PIT-CNT, para expresar su rechazo al proyecto de reforma jubilatoria del Gobierno, que calificaron de "socialmente ineficiente" y "contra la gente".
En la jornada en que se votó el articulado del proyecto en la Cámara Baja, que culminó su labor el miércoles para devolverlo al Senado, sus opositores se concentraron fuera del Palacio Legislativo para protestar.
Allí, el vocero del PIT-CNT Sergio Sommaruga apuntó contra el plan de un Gobierno que, dijo, no escuchó a los trabajadores y tuvo en cuenta solo el beneficio de "una minoría privilegiada".
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"Esta reforma no es para la gente sino contra la gente (...), no es ni justa ni democrática ni mucho menos solidaria pero además es socialmente ineficiente", enfatizó quien alegó que hará que la mayoría tenga que "reventarse el lomo hasta los 65 años" para poder jubilarse.
A lo que otra de las preocupaciones de los colectivos sociales es que acentúe "el problema del desempleo juvenil" por enlentecer el reemplazo laboral, según declaró al periódico local El País su presidente, Marcelo Abdala, el PIT-CNT ya evalúa la posibilidad de derogar la reforma.
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