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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reúne al pleno de magistrados para debatir la solicitud hecha por el chavismo el viernes pasado para determinar si hay méritos para llevar a juicio a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, tras un conjunto de acciones que emprendió contra la alta corte.
La Sala Plena del máximo tribunal llamó para una reunión extraordinaria que tendrá como "punto único" a tratar la solicitud de "antejuicio de mérito" de la fiscal general, informó el TSJ.
En la reunión -que estará encabezada por el magistrado Maikel Moreno, presidente de Supremo venezolano- se evaluará la solicitud realizada el pasado viernes por el diputado oficialista Pedro Carreño, que pidió además medidas cautelares de prohibición de salida del país para la fiscal y la congelación de sus bienes.
El oficialista emprendió esta acción asegurando que Ortega Díaz ha incurrido en las faltas de "atentar, lesionar o amenazar la ética pública y la moral istrativa", "actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución" y "violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución".
Carreño pidió que con base en esas faltas "se declare si hay mérito para su enjuiciamiento, es decir que no solo debe ser destituida sino que puede y debe ser enjuiciada".
El chavismo emprendió esta acción después de que la fiscal solicitara la impugnación de la elección de 33 magistrados del Supremo por supuestos vicios en el proceso de elección cometidos por el Consejo Moral Republicano, instancia del Poder Ciudadano, del que ella forma parte, y en coordinación con el Parlamento, en ese momento en manos de oficialistas.
Las diferencias entre el sector gubernamental y la fiscal surgieron después de que ella calificara a finales de marzo como una "ruptura del orden constitucional" la decisión del Supremo de arrogarse las funciones del Parlamento, una medida que debió ser revertida parcialmente poco después.
En los últimos dos meses, Ortega Díaz además ha emprendido varias acciones en contra de la convocatoria de elección de una Asamblea Nacional Constituyente realizada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha condenado la actuación de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales.
Esas manifestaciones, que se iniciaron luego de que ella denunciara la ruptura del hilo constitucional, han ocasionado la muerte de al menos 75 personas, según la Fiscalía, que atribuye varias de ellas a funcionarios de los cuerpos de seguridad.
La legislación venezolana establece que la destitución de los integrantes del Consejo Moral Republicano (Fiscalía, Contraloría, Defensoría del pueblo) está en manos de la Asamblea Nacional, con el previo pronunciamiento de la Sala Plena del TSJ sobre una falta grave.
No obstante, los actuantes contra la fiscal no han explicado cómo se completaría este proceso si se constatara la falta, ya que el Parlamento, en manos de opositores que ahora respaldan a la titular del Ministerio Público, se encuentra en situación de desacato decretada por el Supremo y sus actos son considerados nulos.
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