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En días recientes se conoció un informe por parte de la I en el que se reconocían las prácticas realizadas en Venezuela como delitos de lesa humanidad.
Zair Mundaray habló en Mañanas BLU sobre la denuncia y las pruebas que se le entregaron a la Corte Penal Internacional en el año 2017, que llevaron a la exfiscal de este ente, Fatou Bensouda para la entrega de este informe.
Las pruebas reunidas por Zair, fueron agrupadas en el caso “Venezuela 1”, siendo uno de los diferentes casos que ha recibido la Corte sobre el país latinoamericano.
Estas son evidencia de delitos como 131 homicidios de manifestantes, en su mayoría estudiantes.
También de 505 ejecuciones extrajudiciales realizadas por cuerpos de seguridad adscritos a Nicolás Maduro, la operación se denominó “liberación del pueblo”.
Además de diferentes casos de tortura, abuso sexual y diferentes atentados contra la humanidad de los detenidos, como lo señaló el informe de la I.
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Dicho informe no señala de forma directa los responsables o el responsable directo de estos actos, pero Zair aclara que, en las denuncias presentadas, Nicolás Maduro la cabeza y el partidario para que los crímenes se llevaran a cabo.
“La I juzga máximo un responsable, en las denuncias presentadas figura Maduro por ser director de todo el sistema de policía, de la DGCIM, además controlar la inteligencia del estado y la fuerza armada nacional”.
Con todas las pruebas presentadas, la pregunta que se hace la comunidad internacional es qué falta o qué se necesita para que se investigue y se abra un proceso correspondiente contra el presidente de Venezuela.
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El exfiscal exilado en Colombia, expresó que es necesario que el fiscal actual de la I, el británico Karim Khan dicte el inicio de la investigación penal.
Allí debe indicar los crímenes por los cuales se inicia y el periodo que se investiga y en el cual se cometieron. Por lo que Zair espera que antes de que acabe el 2021, se pueda conocer la noticia de esta investigación.
Además de los crímenes, también es importante que se revise el ejercicio judicial en Venezuela, ya que muchos de los actos y sus responsables no son juzgados ni señalados como se debería.
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