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Más de 200.000 menores habrían sufrido abusos sexuales por parte de religiosos católicos desde 1940, según un primer gran informe independiente sobre este flagelo divulgado el viernes en España, donde por años las víctimas denunciaron opacidad de la Iglesia católica.
El informe no proporciona una cifra exacta, pero recoge una encuesta realizada a petición de la comisión con una muestra de 8.000 personas, según la cual un 0.6 % de la población adulta española (unos 39 millones de personas en total) afirmó haber sufrido abusos sexuales por de la Iglesia católica cuando eran menores.
La cifra aumenta a 1.13 % de la población adulta española (más de 400.000 personas) si se tienen en cuenta abusos cometidos por laicos en ámbitos religiosos, especificó en rueda de prensa Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo (ombudsman), quien coordinó la comisión que trabajó por año y medio.
Gabilondo, un exministro de Educación socialista, dijo que hay casos desde la década del 1940, pero que el grueso de ellos ocurrieron entre 1970 y 1990.
Además, la comisión de expertos entrevistó a 487 víctimas de abusos sexuales, quienes subrayaron "los problemas emocionales" que les han causado, como por ejemplo estrés postraumático, que sufrió un tercio de ellos, dijo Gabilondo.
Para el Defensor del Pueblo, quien hizo entrega oficial este viernes del reporte de más de 700 páginas al Congreso español, que lo había encomendado en marzo de 2022, el texto es una "respuesta" al "sufrimiento y soledad" de los afectados.
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A diferencia de lo ocurrido en Francia, Alemania, Irlanda, Estados Unidos o Australia, en España, país de arraigada tradición católica, nunca se habían publicado los resultados de una investigación sobre la pederastia en el clero.
En Francia se contabilizaron 216.000 menores víctimas desde 1950, en Alemania 3.677 casos entre 1946 y 2014 y en Irlanda más de 14.500 personas recibieron compensación financiera.
En la Iglesia católica española "lamentablemente durante muchos años ha predominado cierta voluntad de negación de los abusos o una voluntad de ocultamiento o de protección de los abusadores", denunció Gabilondo.
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Entre las recomendaciones del informe, destaca "la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones" a las víctimas, agregó.
La Iglesia católica, que por años se negó en redondo a cualquier pesquisa exhaustiva, declinó participar en la comisión, aunque finalmente facilitó documentos.
La Conferencia Episcopal, que no reaccionó inmediatamente al informe, convocó una asamblea extraordinaria para el lunes para sentar posición.
A medida que aumentaba sobre ella la presión política, la Iglesia anunció en febrero de 2022 una auditoría propia y se la encargó a un despacho de abogados, que tiene previsto finalizarla antes de que termine el año.
La Iglesia se defiende diciendo que ha implementado protocolos de actuación ante abusos y ha instalado oficinas "de protección de menores" en las diócesis.
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