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El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha hablado con su homólogo venezolano, el canciller Yván Gil, sobre la detención de la activista hispanovenezolana y defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel, arrestada hace ocho días en Venezuela.
Fuentes de Exteriores han informado de que Albares ha mantenido una conversación telefónica con Gil este sábado, en la que se ha interesado por la detención de San Miguel y también por la situación de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Venezuela, cuya actividad ha sido suspendida por el Gobierno de Caracas.
Para profundizar sobre las tensiones políticas en Venezuela estuvo en Sala de Prensa Blu el abogado y analista político venezolano Giulio Cellini Ramos. La activista San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, fue detenida el viernes 9 de febrero junto a varios familiares, incluida su hija.
La detención de la doctora Rocío San Miguel, totalmente cuestionable y censurable, la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado en un juicio sumario, una sentencia que se produjo sin que se cumpliera, se abriera la causa y el proceso para que ella pudiera defenderse. Y ahora la expulsión de la de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas pone de relieve que el clima de cara a la elección presidencial para este año es realmente complicado
El Gobierno venezolano la acusa de "la presunta comisión de delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación" y la Fiscalía indica que está "presuntamente vinculada" con una conspiración contra el presidente, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios venezolanos.
Su hija y otros familiares detenidos inicialmente junto a San Miguel fueron excarcelados con la prohibición de salir del país y de hacer declaraciones a los medios de comunicación.
Numerosas organizaciones han condenado la detención de la activista, han manifestado su preocupación y han exigido al Gobierno de Venezuela que respete sus derechos.
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Es el caso de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, entre otras.
“El Gobierno de Maduro es precisamente acordar todo aquello que no ponga en riesgo su permanencia en el poder. Entonces he visto, como es evidente, los actuales índices de rechazo tan alto que registra el Gobierno venezolano actualmente, que son los más bajos en su historia”, señaló el abogado en Sala de Prensa.
El pasado jueves, el Gobierno de Venezuela anunció la suspensión de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Caracas.
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Por último, el analista político Giulio Cellini Ramos expresó su escepticismo respecto a la posibilidad de elecciones libres en Venezuela, argumentando que es probable que el Gobierno configure un escenario en el cual sea imposible para la oposición participar.
“El interés del Gobierno es que la oposición no participe y boicotee la elección, decida llamar a los venezolanos a no participar y que ellos puedan ganar la elección (...) La oposición tiene que buscar la forma de participar aún en las peores circunstancias, porque eso es lo que el Gobierno quiere evitar y porque las condiciones están dadas para que la oposición saque una votación importante aún en condiciones adversas”, sentenció.
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